Américo Villarreal puede presumir infraestructura sin contratar deuda nueva, pero la decisión política es otra: comprometer recursos estatales durante décadas para sostener esta concesión carretera, no es cualquier cosa y menos en tiempos de la 4T.
El decreto es claro: la concesión Mante-Ocampo-Tula se prolongó veintidós años adicionales y permitirá mantener obligaciones de pago, subvenciones y participaciones federales comprometidas hasta el año 2071.
Eso significa que la administración actual disfrutará políticamente las obras, mientras futuros gobiernos tendrán que respetar compromisos financieros que ellos jamás negociaron ni autorizaron originalmente.
No es técnicamente una deuda pública tradicional, pero tampoco dinero gratuito. Es una obligación de largo plazo respaldada con ingresos que pertenecen directamente al Estado.
Ahí está el problema: Américo terminará su mandato, pero la factura seguirá vigente durante siete u ocho administraciones estatales, dependiendo de futuros calendarios constitucionales completos.
Lo que se vió en el Congreso del Estado, es una medida que contrasta con las propuestas que prometió Américo y Morena.
El gobierno de Américo Villarreal, ya privatizó una carretera libre como fue Juan Capitán-El Chihue, inaugurada en el 2003 por el gobernador Tomás Yarrington y el Presidente Vicente Fox y sin ruborizarse, endoso la deuda a los tamaulipecos que pagarán el peaje.
Ahora llega esta ampliación histórica de privatización carretera en la Mante,Ocampo,Tula. Son 45 años donde los Tamaulipecos estarán pagando una carretera que, le da oportunidad de presumir un progreso cómodo.
Sí, los gobernantes actuales parecen cómodos porque no enfrentarán personalmente la mayor parte del compromiso. El costo político y financiero quedará repartido entre generaciones futuras tamaulipecas. Vamos, los recién nacidos en Tamaulipas ya tienen una deuda y no lo saben… en los tiempos de transformación.
Puede hablarse de progreso, competitividad y conectividad. Todo importa. Pero ningún beneficio económico debería utilizarse como cheque en blanco para comprometer recursos durante medio siglo.
El Congreso autorizó afectar hasta 7% de participaciones federales como fuente de pago, garantía que sobrevivirá mucho después del gobierno estatal en Tamaulipas.
Eso obliga a preguntar cuánto margen perderán las futuras administraciones cuando necesiten financiar hospitales, agua, seguridad o carreteras mientras continúan honrando compromisos heredados por esta concesión.
Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, no se diga Egidio Torre Cantú, y el mismo Francisco García Cabeza de Vaca, dejaron hipotecado al Estado, pues hoy Américo le ha dado a los Tamaulipecos una forma adicional, de privatizar para disfrazar una deuda.
Hoy, el ciudadano debe saber que existirán obligaciones respaldadas con dinero público futuro.
Es decir, ahí cambia la narrativa de Américo: no estamos ante infraestructura financiada mágicamente por particulares, sino frente a un modelo donde inversionistas recuperarán recursos durante décadas mediante peajes.
Además, si los ingresos resultan insuficientes, existe una estructura respaldada con participaciones estatales. Por eso vender la idea del progreso resulta políticamente cómodo e incompleto.
El progreso cuesta, nadie lo discute. Lo cuestionable es decidir hoy cuánto pagarán mañana ciudadanos y gobiernos que nunca participaron en la negociación del proyecto.
La carretera puede transformar regiones, mejorar la movilidad y atraer inversión. Pero una obra deja de ser solamente infraestructura cuando condiciona presupuestos durante generaciones enteras futuras.
Américo Villarreal, heredará entonces algo más que concreto, túneles y viaductos. Dejará también una obligación financiera que acompañará administraciones que ni siquiera tienen candidatos definidos, menos a sus votantes.
Ése debería ser el debate legislativo verdadero y la oposición se achicó en el pleno del Congreso o bien, la Junta de Gobierno hizo una operación política efectiva, finalmente es su papel y eso, el gobierno le debe reconocer al Diputado Humberto Prieto.
Cuando se puso a votación una iniciativa dictaminada y donde la oposición no protestó, quedó sellada una operación política tersa.
El hecho es que comprometer participaciones durante décadas, significa limitar recursos de quienes pagarán después decisiones financieras tomadas desde el poder actual.
El partido gobernante deberá explicar por qué una administración que presume transformación social, encontró como solución, meter la mano a los bolsillos de los ciudadanos, ante las deficiencias de sus funcionarios.
El desarrollo de la carretera Mante, Ocampo, Tula, puede justificar sacrificios, pero jamás comodidad gubernamental.
Si la obra será pagada hasta 2071, los tamaulipecos merecen saber cuánto comprometerá cada generación futura y eso, no lo decía el dictamen de Américo Villarreal.
