“Intentan doblegarme de una manera desalmada, desesperada y cobarde, metiéndose con mi familia”, acusó, el pasado fin de semana, desde su autoexilio en Estados Unidos, el exgobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, como reacción a la nueva orden de aprehensión dictada en su contra por un Juez del estado de México, por los delitos de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El enojo del panista es, porque la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR), también involucra a su esposa, su madre, sus hermanos y hasta su suegra.
“La vil persecución política regresa tal y como lo hicieron hace tres años cuando me desaforaron de una manera ilegal y fabricándome delitos en base a mentiras” denunció en un video difundido en sus redes sociales.
Mucha razón parece tener Cabeza de Vaca, porque está muy lejos de la casualidad que el anuncio de una nueva orden de captura en su contra se haga en la víspera del inicio de las campañas electorales y, sobre todo, a unos días de que el PAN informó que lo colocó en un privilegiado primer lugar de las listas de candidatos a diputados federales por la vía plurinominal, lo que le garantizará un lugar en la siguiente legislatura de la Cámara de Diputados, algo que a su vez le otorgará el ansiado fuero constitucional para blindarlo de cualquier proceso penal en su contra.
Es evidente que la nueva orden de captura busca impedir que consiga su ansiada curul.
No obstante, y sin que suene a defensa de Cabeza de Vaca porque se trata de un personaje indefendible, hay que advertir lo inmoral que resulta el hecho de que cualquier gobierno (porque no es algo nuevo) utilice las instituciones de justicia para deshacerse o cobrar venganza de los enemigos políticos.
El uso faccioso de las instituciones públicas es un acto de perversión extrema y de corrupción inadmisible , ya que se les utiliza para perseguir a los adversarios por razones políticas y a exonerar a los leales como recompensa a su entrega incondicional.
Lo hemos dicho antes, lo decimos ahora y lo seguiremos diciendo: el sistema de justicia no debe ni puede rebajarse a ser un simple instrumento de golpeteo contra los adversarios.
Sin embargo, en el caso concreto, habría que preguntarle a Cabeza de Vaca: ¿De qué se queja?
No debería quejarse porque, desde que asumió la gubernatura de Tamaulipas se dedicó a utilizar las instituciones de justicia en contra de sus enemigos o adversarios políticos. El mejor referente de ello lo es Eugenio Hernández Flores, con quien se ensañó fabricándole procesos penales para detenerlo y mantenerlo en prisión por poco más de seis años.
También echó mano de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y la de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), para amagar a alcaldes en funciones, servidores públicos, y candidatos, que le representaban un riesgo a su partido o que de plano le estorbaban a su gobierno. Por esos hechos todavía permanecen abiertas una docena de carpetas de investigación, cuyo destino eterno será la “congeladora”.
No se si se arrepienta, pero seguramente en sus reflexiones el panista debe acordarse de todo ello. Ahora si que, como dice el clásico: “el que se lleva se aguanta”.
EL RESTO.
La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Úrsula Patricia Salazar Mojica, se reunió ayer, en un desayuno, con los periodistas que cubren la fuente legislativa, y en su mensaje desbordaba optimismo.
Cualquiera diría que la también coordinadora de la bancada de Morena, ya trae en la bolsa la candidatura por la alcaldía de Tampico.
ASI ANDAN LAS COSAS.
