Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, sentenció ante los magistrados del Poder Judicial del Estado que los candidatos con delitos sexuales, violencia familiar o violencia política de género, “no pasarán, este órgano electoral no los va registrar”.
Juan José Ramos Charre, Consejero Presidente del IETAM, explicó que esta acción se trata del cumplimiento al mandato constitucional reformado por el Legislativo en mayor del 2023.
Con ello, dijo, se hará valer la suspensión de los derechos o prerrogativas a quienes tengan una sentencia firme con sanción vigente por la comisión intencional de delitos contra la vida, integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexual, por violencia familiar y violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declaradas como personas deudoras alimentarias morosas.
“En escasos tres días y conforme al calendario electoral, daremos paso al registro de candidaturas a
los diversos cargos de elección popular en el ámbito local y ello implica generar las condiciones necesarias en nuestros órganos desconcentrados y en oficinas centrales para poder recibir, procesar y pronunciarnos respecto a un número de hasta 5,000 candidaturas, verificando que las personas postuladas cumplan cabalmente los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, para poder participar en la contienda democrática a nivel local.
El Consejero Presidente, añadió que la firma del Convenio con el Poder Judicial del Estado, otorgará la certeza a la ciudadanía para que ninguna persona agresora sexual, deudora alimentaria morosa o personas sentenciadas por violencia de género, puedan no solo no ser postuladas para ocupar cargos de elección popular.
Y sentenció: “¡No pasarán! No serán registradas por esta autoridad como candidatas o candidatos a un cargo de elección popular o desempeñarse como servidoras o servidores públicos”.
Señaló entonces que se combate de manera frontal la violencia contra las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, sino también se atiende el cumplimiento de principios éticos en el servicio público y se fortalecen los estándares en la responsabilidad pública e institucional.
