Ciudad de México.- Esta vez con el apoyo de una parte de la oposición, comisiones unidas del Senado avalaron la reforma constitucional para reforzar el rechazo del intervencionismo extranjero en asuntos internos del país y la incorporación del terrorismo en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
La prisa del Senado por concretar esta reforma llevó a que, sin cumplir con las 12 horas reglamentarias, se le dio primera lectura en el pleno, a fin de que se apruebe hoy miércoles.
La panista Guadalupe Murguía Gutiérrez expuso que si bien el voto es en favor, la reforma es “innecesaria”, ya que es “repetitiva”, pues la soberanía nacional está garantizada en la Constitución en diversos artículos, por lo que la soberanía no requiere de ser reafirmada cada vez que el gobierno mexicano se sienta amenazado, ya sea por el presidente estadunidense Donald Trump o por una carta enviada por Ismael Zambada García, El Mayo.
Por su parte, la morenista Cynthia López Castro comentó que “esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum es muy clara. O se está en favor de México o se está en contra del país. Lo único que se está modificando es el artículo 40 para proteger a nuestro país; para proteger la soberanía nacional”.
La reforma modifica los artículos 19 y 40 constitucionales. El primero, para que el terrorismo sea un delito con prisión preventiva oficiosa.
Además, para establecer que “a cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.
Y la modifcación al artículo 40 constitucional para reforzar que “el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo.
“Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano, en el marco de las leyes aplicables”, plantea.
