Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El ex dirigente del partido Revolucionario Institucional, Ramiro Ramos Salinas, criticó el gasto excesivo que el gobierno federal “invirtió” en la elección judicial del uno de junio, pues consideró “no hay transparencia del proceso”, además la mayoría de los aspirantes fueron puestos “a modo” por la 4T a través de sus legisladores.
“Con un costó superior a los 13 mil millones de pesos, la elección que ha organizado el gobierno federal, para poner a jueces, magistrados, que propusieron ellos, a través de sus legisladores, aparecerán en la boletas todos los candidatos propuestos por ellos…no es una elección libre porque todos los candidatos que aparecen los propusieron ellos, el otro poder, y si es una elección cara”.
El también dirigente de la Fundación Colosio, explicó que la crítica la centra en la falta de transparencia del proceso, ya que los candidatos han sido propuestos por el gobierno a través de diputados y líderes, lo que genera dudas sobre la verdadera autonomía de la elección.
Además, cuestionó la decisión del gobierno federal de destinar esa millonaria cantidad a la elección judicial en lugar de atender otras problemáticas urgentes, como la escasez de medicamentos, la falta de hospitales y la crisis del agua.
“Como ejemplo, que en lugar de financiar la elección, el gobierno podría haber impulsado la construcción de un acueducto en Victoria”, apuntó.
Ramos Salinas, aseveró además que el resultado ya está decidido por las autoridades, solo falta que se lleve a cabo el proceso formal.
“Es un proceso costoso, lastimoso e inútil. Es una elección donde los ganadores ya los tienen solo falta que se lleve a cabo el proceso”.
Y acusó al gobierno de movilizar a los beneficiarios de programas sociales para asegurar el voto, incluso proporcionando guías sobre por quién sufragar, en un contexto donde se prevé una participación de menos del 20 por ciento.
También manifestó su descontento por el hecho de que abogados de reconocida trayectoria en el Poder Judicial hayan sido apartados de sus funciones para hacer campaña, cuando su labor debería centrarse en la impartición de justicia.
