Ciudad de México. Durante el proceso electoral judicial que se inició jurídicamente en septiembre pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) atendió poco más de 820 juicios de amparo a partir de los cuales se pretendió parar esta elección extraordinaria.
“Hemos abocado todos nuestros esfuerzos en combatir y plantar una defensa jurídica a un conjunto de resoluciones judiciales que de forma sistemática y arbitraria pretendieron se abstuviera el INE de ejercer sus atribuciones constitucionales respecto a este proceso electoral en curso”, dijo Juan Manuel Vázquez Barajas, encargado de la dirección jurídica del INE.
En sesión de la Junta General Ejecutiva del INE, donde convergen los principales funcionarios del Instituto, destacó que el alud de juicios de amparo (823 del 24 de septiembre del año pasado al 16 de mayo de 2025) comprometió incluso la capacidad de respuesta del área a su cargo porque los recursos procedían de todo el país y exigían plazos de atención de entre 24 y 48 horas.
“A pesar de ello debemos considerar que los 820 juicios de amparo fueron atendidos de forma adecuada y correcta a través de las 32 delegaciones del INE”, señaló.
El abogado agradeció al personal de todo el órgano por la defensa, “la salvaguarda del INE y que hoy nos permite decir con orgullo que el Instituto está organizando un proceso electoral con capacidades suficientes, porque hemos hecho lo necesario para que los actos de suspensión del mismo no hayan tenido efectos jurídicos más allá del 21 de noviembre de 2024”, expuso.
En el informe se detalla que el INE fue notificado de 828 juicios de amparo que involucraban a 7 mil 191 quejosos; esta cascada significó 6 mil 781 notificaciones, 554 suspensiones provisionales, 108 suspensiones de plano, 91 suspensiones definitivas, 504 informes justificados, 654 informes previos, 828 solicitudes de sobreseimiento y 93 sobreseimientos notificados.
Por entidad federativa, el mayor número de recursos fueron interpuestos en juzgados radicados en Veracruz, Guanajuato, Jalisco y Querétaro.
Hubo recursos en contra de afectaciones laborales por la desaparición de fideicomisos; otra tanda argumentó que la reforma afectaba la autonomía de este Poder, y que la reforma era un intento del Poder Ejecutivo y Legislativo de ejercer mayor control político sobre el judicial.
Algunos juzgadores intentaron que su plaza no fuera sorteada ni ocupada y, en general, que se declarara la inconstitucionalidad de la reforma y paralizar todos sus efectos.
La defensa del INE, se añade en el informe, incluyó la presentación de quejas administrativas en contra de los jueces que impusieron tres multas de 54 mil pesos a cada consejero del Instituto.
