Para buena parte de la clase política, el concepto de justicia sigue siendo muy primitivo : se aplaude cuando el fallo les favorece, y se lincha cuando no satisface sus intereses.
No importa si el juez actuó conforme a derecho, si siguió el debido proceso o si su sentencia está sólidamente sustentada en pruebas. Si su resolución no encaja con la narrativa del poder, entonces se le desacredita, se le exhibe, y se le convierte en blanco de una cacería mediática.
Y eso, que ya de por sí es preocupante, puede volverse aún más peligroso en el nuevo escenario que se avecina en México: el de los jueces electos por voto popular.
¿Quién va a tener el temple de absolver a un acusado inocente, si eso implica exponerse al descrédito, a la amenaza o al escarnio público? ¿Cuántos jueces cederán a la presión del linchamiento mediático para congraciarse con la opinión pública o el poder político?
Porque no nos engañemos: los nuevos juzgadores, más que en la Constitución o en la ley, estarán pensando en las redes sociales, en los titulares de prensa, y en las consecuencias que podría tener su fallo en su carrera, en su seguridad o en su popularidad.
Se corre entonces el riesgo de que la justicia deje de ser un acto de convicción legal, y se convierta en una respuesta complaciente. Una justicia de aplausómetro, dictada más por conveniencia que por conciencia.
Y en ese escenario, el principio de presunción de inocencia se irá por la borda. Bastará una acusación mediática para construir culpables. Y bastará una presión política para dictar condenas.
Por eso conviene preguntarse: ¿para qué queremos jueces? La función de un juez no es complacer al gobierno, ni castigar por consigna. Su deber es juzgar. Y juzgar, en términos estrictos, significa evaluar lo que las partes —Ministerio Público y defensa— logran probar en el expediente.
El juez no es detective, ni fiscal, ni activista. Su campo de acción se limita a los hechos que han sido aportados al proceso, no a la narrativa que se construya en los medios ni en el discurso oficial.
Por eso su fallo no obedece a la “verdad real”, sino a la verdad jurídica. Y cuando esa verdad no alcanza para probar la culpabilidad, la única salida posible es la absolución.
¿Significa eso que el acusado es inocente? No necesariamente. Significa que no se probó su culpabilidad, que no se logró desvirtuar su presunción de inocencia, y que el sistema legal prefirió proteger a un posible culpable antes que castigar a un inocente.
Eso, aunque muchos no lo entiendan, es justicia.
Lamentablemente, en tiempos de polarización y populismo, se confunde justicia con venganza. Se exige castigo como si fuera un derecho automático. Se exige cárcel sin importar el proceso. Y se denigra al juez que se atreve a frenar ese impulso bárbaro.
De seguir así, llegaremos al punto en que los jueces serán meros sellos del poder. Y entonces sí, la justicia dejará de ser ciega, pero no para ver mejor, sino para obedecer a ciegas.
Y eso, más que una deformación institucional, será el fin del Estado de Derecho.
EL RESTO.
GATTÁS, EL ALCALDE QUE CONECTA REGIONES.
Lalo Gattás no solo gobierna Victoria, la proyecta. Su presencia en la Feria Tula 2025 refleja una visión que va más allá de los límites municipales: tender lazos, fortalecer identidad y apostarle al turismo como motor de desarrollo regional.
Con liderazgo y cercanía, el edil capitalino consolida su papel como pieza clave en la construcción de un corredor turístico para el centro de Tamaulipas. No se queda en el discurso: conecta, gestiona y pone a Victoria donde debe estar, al centro de las alianzas que suman.
ASI ANDAN LAS COSAS
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