Ciudad de México. El Congreso de la Unión arrancó el proceso legislativo de la iniciativa presidencial para que la Guardia Nacional se convierta en el brazo policial del Ejército mexicano, que a diferencia de una policía civil, tendrá fuero militar; estará en todo el país para atender delitos federales y locales; intervenga comunicaciones y trabaje con los gobiernos estatales, mientras fortalecen a sus cuerpos policiacos.
Será un cuerpo policial controlado por el Senado, ante el cual deberá presentar anualmente un informe en el que debe incluir toda la información de sus operaciones en el país.
El personal integrante de la Guardia Nacional, por lo que hace a los delitos en que incurra durante su función policial, estará sujeto al fuero federal; asimismo, a la jurisdicción militar respecto de los delitos especificados en el Libro Segundo del Código de Justicia Militar”, dice la propuesta de reforma.
Añade que “para el caso de las faltas que constituyan delitos, se estará a lo previsto en la legislación penal militar y del fuero federal o común, según corresponda. Por lo que respecta a las responsabilidades administrativas, se estará a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
La Comisión Permanente turnó la iniciativa presidencial a la Cámara de Diputados para que la analice y apruebe a la brevedad, a fin de que esté lista para aprobarla en el pleno la última semana de junio, incluso diputados federales adelantaron que la Comisión de Justicia de San Lázaro puede sesionar mañana para aprobar el dictamen.
La iniciativa presidencial incluye la nueva Ley de la Guardia Nacional, así como reformas a las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal; Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y la de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; así como a los códigos de Justicia Militar y Militar de Procedimientos Penales.
Tal como lo adelantó Excélsior, la reforma propuesta por la Presidenta de la República establece que los gobernadores y alcaldes que soliciten su auxilio tendrán que asumir por escrito el compromiso de profesionalizar a sus policías y tendrán plazos perentorios para hacerlo.
De igual manera, la Guardia Nacional tendrá facultades para intervenir las comunicaciones de los ciudadanos sólo con una orden judicial, pero además, con el control y seguimiento de autoridades judiciales, dispone la propuesta, la cual precisa cuáles son los delitos en los que se podrá solicitar la intervención de comunicaciones privadas, en función sólo de ocho ordenamientos legales que incluyen 21 delitos específicos, todos federales.
De igual manera, la Guardia Nacional tendrá las facultades para mantener una vigilancia constante en las páginas web y toda la red pública de internet.
Estará obligada a presentar un informe anual al Senado en el que detallará “el número de personas detenidas, los objetos, productos e instrumentos de delitos y el desglose de armas, explosivos, sustancias contempladas en la Ley General de Salud, así como los bienes cuyas categorías prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. El número de diligencias ministeriales y judiciales en las que intervino el personal de la Guardia Nacional”.
Incluirá el número de los convenios de colaboración suscritos con estados y municipios, así como el avance en el cumplimiento de los objetivos establecidos para la GN en los mismos.
Y también “el número de personas fallecidas por el uso de la fuerza y la estrategia desplegada para el cumplimiento de los fines de la Guardia Nacional, sus objetivos generales y específicos, así como los resultados obtenidos con base en indicadores de evaluación de desempeño”.
