El conflicto con los agricultores del norte de Tamaulipas, —que mantienen bloqueadas las carreteras que conducen a la frontera y uno de los puentes internacionales— no es un accidente. Tampoco es una provocación política. Es una consecuencia: la consecuencia del desprecio sistemático a sus demandas.
Desde 2020, cuando el gobierno federal decidió extinguir los programas de apoyo al campo, inició un proceso de descomposición que hoy muestra sus efectos más corrosivos: pobreza, abandono de tierras, y una creciente inconformidad social que ya comienza a tornarse ingobernable.
Durante años, desde esta columna advertimos lo que se venía. Pero en lugar de respuestas, recibimos silencio. En vez de diálogo, sordera. Esa sordera que se ha convertido en la política oficial frente al campo: no ver, no escuchar, no actuar.
Mientras, en las comunidades agrícolas no hay dinero ni para levantar la siembra. Ni siquiera hay quien la levante: el éxodo rural es silencioso pero masivo.
Y lo peor es que la solución no es complicada ni onerosa. Los propios productores lo han dicho con claridad. Pero hay una necedad gubernamental que impide cualquier gesto de sensatez.
Revivir el programa de Agricultura por Contrato sería, por ejemplo, un primer paso realista y eficaz. Ese modelo, que funcionó durante años, le dio estabilidad al campo y evitó conflictos como los bloqueos carreteros que hoy paralizan el norte del estado.
Para quien no lo sepa: la Agricultura por Contrato era un esquema en el que productores e industriales pactaban con anticipación la compraventa de cosechas, con precio base, volúmenes y fechas de entrega claramente estipulados.
Ese contrato permitía a los agricultores planificar, producir con certidumbre y acceder a créditos. Con ello, se reducía el riesgo del mercado y se garantizaba un ingreso digno al final del ciclo.
Pero en la lógica del nuevo régimen, aquello fue visto como un privilegio neoliberal. Así que el gobierno lo desmontó con saña, prometiendo que ahora el apoyo iría “directamente al pueblo”. El resultado fue un desastre.
Hoy, casi 100 mil hectáreas permanecen improductivas en Tamaulipas porque nadie tiene recursos para sembrarlas, ni la certeza de que lo sembrado valga la pena.
Las consecuencias están a la vista: carreteras bloqueadas, cosechas embodegadas, agricultores desesperados pidiendo limosnas disfrazadas de “apoyos compensatorios”, y un campo que dejó de ser motor económico para convertirse en campo de batalla.
No es que el campo haya estallado. Lo reventaron desde la comodidad de los escritorios en la Ciudad de México.
El abandono no fue accidental. Fue deliberado. Y lo que hoy se presenta como una crisis, es en realidad el saldo predecible de decisiones públicas que marginaron a los verdaderos productores del país.
Mientras tanto, la burocracia federal finge que el problema no existe. Juegan a la simulación, esperando que los bloqueos se disuelvan solos, que las voces se apaguen, que el hambre se aguante.
Pero el hambre no se negocia. Y los campesinos tampoco son ingenuos.
La solución existe, pero requiere voluntad política. Revivir la Agricultura por Contrato sería un acto de justicia, no de caridad. Y más aún: sería un mensaje de que el gobierno está dispuesto a corregir sus errores.
Pero por ahora, ni hay señales, ni hay intención. Solo hay terquedad. Y una fe absurda en que el abandono es una forma de transformación.
Y mientras esa fe persista, el campo seguirá reventando. No por sí solo. Sino porque así lo decidió el poder.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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