Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Diputados del PAN presentaron un exhorto ante el Congreso del Estado para que los 43 ayuntamientos de Tamaulipas y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente rindan un informe detallado sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales impuestas a fraccionadores en nuevos asentamientos humanos.
La solicitud se formalizó mediante una iniciativa de punto de acuerdo, presentada ante la Diputación Permanente, en la que los legisladores exigen saber si las desarrolladoras inmobiliarias han respetado la norma que las obliga a plantar un árbol de al menos metro y medio por cada 15 metros lineales de lote residencial, como lo establece la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, vigente desde 2019.
La medida busca no solo mejorar el entorno urbano y mitigar los efectos del cambio climático, sino también contrarrestar las olas de calor, cada vez más intensas y frecuentes en el estado, advirtieron los legisladores.
Citaron que, tan solo en 2024, Tamaulipas perdió más de 8 mil hectáreas de cobertura forestal, lo que lo ubica entre los 10 estados con mayor deforestación del país, según datos del World Resources Institute. Los municipios más afectados han sido Soto la Marina, Aldama, Casas, Jaumave y Antiguo Morelos.
Los legisladores recordaron que, aunque la obligación fue establecida desde hace cinco años, en muchos fraccionamientos no se ha cumplido, o bien los árboles fueron plantados pero no recibieron mantenimiento adecuado, lo que ha derivado en camellones degradados, sin vegetación, con tierra suelta y encharcamientos, afectando tanto la imagen urbana como la calidad ambiental.
Por ello, el PAN solicitó un informe pormenorizado que detalle cuántos fraccionamientos han sido autorizados desde la entrada en vigor de la reforma, cuántos han cumplido con los criterios ecológicos y qué acciones han tomado las autoridades municipales para supervisar, sancionar o corregir incumplimientos.
Además, advirtieron que está por entrar en vigor la nueva Ley de Árboles Urbanos del Estado, la cual impone nuevas responsabilidades a los municipios en materia de cuidado, conservación y restitución de vegetación urbana, por lo que es urgente conocer el punto de partida real para aplicar la nueva norma con efectividad.
