Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El diputado Isidro Vargas Fernández advirtió sobre la urgencia de abatir el rezago en el cobro del impuesto predial en los municipios de Tamaulipas, al presentar un punto de acuerdo en el Congreso del Estado para impulsar la modernización catastral y fiscal en los 43 ayuntamientos.
La propuesta, recibida por la Diputación Permanente, exhorta a los municipios a establecer esquemas progresivos de recaudación, actualizar sus tablas de valores catastrales y adoptar sistemas digitales de cobro, con el fin de facilitar el cumplimiento del pago ciudadano y mejorar la captación de ingresos propios.
Vargas Fernández, legislador de Morena, sostuvo que el impuesto predial es una de las principales fuentes de financiamiento local, pero en Tamaulipas su recaudación está muy por debajo del promedio nacional, debido al atraso en la actualización de valores catastrales y a la limitada infraestructura técnica y tecnológica de los gobiernos municipales.
“Mientras en los países de la OCDE el predial representa hasta el 2.2 % del PIB, en México apenas alcanza el 0.2 %, y en Tamaulipas el rezago es aún mayor”, señaló. “Esto limita la autonomía financiera de los municipios y su capacidad para atender servicios básicos”.
El punto de acuerdo plantea que los ayuntamientos inicien de inmediato la elaboración de las tablas de valores catastrales para el ejercicio fiscal 2026, considerando factores como la inflación acumulada y la plusvalía generada por obras públicas o desarrollos urbanos.
Además, propone que los municipios celebren convenios con el Gobierno estatal para recibir acompañamiento técnico de la Secretaría de Finanzas y el Instituto Registral y Catastral, con el objetivo de garantizar una modernización homogénea, transparente y basada en criterios de justicia tributaria.
Vargas recordó que el artículo 31 de la Constitución establece que toda persona debe contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, por lo que actualizar y digitalizar el cobro del predial, con tarifas ajustadas al valor real de los inmuebles, no solo es legal, sino también socialmente justo.
