El gobernador Américo Villarreal Anaya ha enviado al Congreso del Estado una iniciativa para autorizar un financiamiento de hasta mil millones de pesos, que sería contratado a través del mercado bursátil y garantizado con participaciones federales. Sobre el papel, se trata de un movimiento técnico, dentro de los márgenes de la disciplina financiera y con destino exclusivo a inversión pública productiva.
Sin embargo, el fondo del asunto plantea más preguntas que certezas. ¿Estamos ante una apuesta estratégica para acelerar obras clave sin comprometer la liquidez del presente? ¿O frente a una nueva deuda disfrazada de desarrollo, que cargará su peso sobre las finanzas estatales durante los próximos 25 años?
El Ejecutivo asegura que se respetará el techo de endeudamiento aprobado para 2025, que representa el 15% de los ingresos de libre disposición del Estado. También se garantiza que el dinero irá a rubros concretos: obra pública, equipamiento, compra de inmuebles y servicios. Incluso se afirma que los títulos bursátiles solo podrán ser adquiridos por inversionistas mexicanos. Todo suena a prudencia financiera.
Pero hay varios matices que no deben pasarse por alto. Primero, se pretende comprometer el 2.31% del Fondo General de Participaciones por un cuarto de siglo, lo que significa que futuros gobiernos no podrán disponer libremente de ese porcentaje, amarrando parte de la soberanía presupuestal del Estado.
Segundo, aunque se prohíbe la venta de los certificados bursátiles a extranjeros, la colocación en el mercado financiero implica pérdida de control político sobre las condiciones de pago, que estarán sujetas a las tasas, expectativas y volatilidades del entorno bursátil.
Tercero, y no menos importante, es que la rendición de cuentas sobre el destino real de estos recursos será clave. El papel lo aguanta todo, pero la experiencia ha demostrado que muchas veces, lo que se etiqueta como “inversión productiva” termina siendo gasto corriente disfrazado, o infraestructura de bajo impacto.
Y en el fondo, este debate ocurre en un contexto de creciente desgaste fiscal para los estados. Mientras la federación concentra recursos en proyectos federales de dudosa rentabilidad, como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, entidades como Tamaulipas están recurriendo a instrumentos financieros cada vez más sofisticados para tapar huecos o compensar rezagos.
El Congreso deberá analizar con lupa esta propuesta. No se trata de rechazarla per se, sino de exigir transparencia, justificación técnica por proyecto, mecanismos de supervisión y garantías de que el financiamiento no se convierta en un lastre silencioso.
Porque en política financiera, como en medicina, la cura no debe ser más costosa que la enfermedad. Y en tiempos de fragilidad económica, endeudarse sin una hoja de ruta clara es tan riesgoso como no invertir en lo urgente.
