Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Ante la creciente ola de violencia que azota a las mujeres en Tamaulipas, la diputada Francisca Castro Armenta ha propuesto una medida urgente: que las víctimas de violencia puedan acceder a pulseras de pánico como un mecanismo prioritario de protección.
La iniciativa busca generar una respuesta inmediata de las autoridades frente a posibles agresiones, salvaguardando la vida de quienes se encuentran en riesgo.
La propuesta, presentada ante la Diputación Permanente del Congreso del Estado, busca adicionar una fracción al artículo 10 de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, legalizando así el uso de dispositivos electrónicos de alerta o geolocalización.
La legisladora de Morena, Castro Armenta, argumentó la urgencia de esta medida, señalando que la violencia de pareja es la forma más común de violencia contra las mujeres, constituyendo un grave problema de salud pública global. Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que el 38 por ciento de los asesinatos de mujeres a nivel mundial son cometidos por sus parejas.
En Tamaulipas, la situación es especialmente preocupante. Solo en 2022, se registraron 42 homicidios dolosos de mujeres. Además, un informe reciente detalló 264 llamadas al 911 por violencia contra mujeres en un solo mes, la mayoría provenientes de Ciudad Victoria, Reynosa y Matamoros.
La diputada enfatizó que la violencia de género no siempre cesa con el divorcio o la separación. Según datos del INEGI, un 60.5 por ciento de las mujeres separadas o divorciadas en Tamaulipas padecieron violencia durante su relación de pareja, y un alarmante 36.4 por ciento continuó siendo agredida incluso después de la ruptura.
De manera específica, un 35.1 por ciento de estas mujeres sufrió violencia física, y un 24.2 por ciento, violencia sexual. Estas cifras, afirmó la legisladora, “justifican plenamente la implementación de mecanismos electrónicos que garanticen su integridad”.
Las pulseras de pánico permitirían una respuesta inmediata de las autoridades en caso de emergencia, al emitir alertas automáticas y geolocalizar a la víctima. Esto brindaría un margen vital de protección ante la amenaza de agresores, incluso cuando existan órdenes de alejamiento dictadas por jueces que, lamentablemente, muchas veces no son suficientes.
La propuesta de Castro Armenta busca fortalecer la actuación institucional, evitar feminicidios y romper con la inercia de una violencia que, en demasiadas ocasiones, sigue cobrando vidas y afectando la seguridad de las mujeres. La legisladora hizo un llamado a sus compañeros y compañeras en el Congreso a respaldar esta reforma, argumentando que atender la violencia contra las mujeres no es solo un deber legal, sino un imperativo moral ante una realidad que no puede seguir normalizándose.
