Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La organización no gubernamental México Evalúa ha lanzado una severa advertencia sobre la reforma judicial en México: la polémica elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros “abrió la puerta al uso político del Poder Judicial y al debilitamiento de su independencia”.
La CNDH subraya con contundencia que la verdadera legitimidad de un juzgador no puede depender únicamente de las urnas, sino que se forja y se consolida a través de su desempeño, su inquebrantable independencia y su estricta sujeción al Estado de Derecho, valores que solo la experiencia puede garantizar.
En un análisis incisivo firmado por Jorge Carbajal y Susana Camacho, del Programa de Justicia de México Evalúa, se destaca que la reciente reforma judicial ha sembrado más preocupación e incertidumbre que certezas en el sistema de justicia.
El documento expone múltiples irregularidades detectadas desde el diseño de la ley y durante el proceso de elección, incluyendo el uso indebido de recursos públicos y privados, así como una preocupante intervención directa de gobiernos estatales y federales en apoyo a candidatos afines.
A pesar de que los efectos de la reforma —aprobada el 15 de septiembre de 2024— apenas comienzan a hacerse visibles, México Evalúa advierte que ya es notoria la alarmante falta de normatividad, los vacíos institucionales y la escasa transparencia en la conformación de los nuevos órganos de administración y disciplina judicial.
La organización enfática subraya que la democracia va mucho más allá del simple acto de votar. Insisten en el derecho fundamental de la ciudadanía a observar, denunciar y evaluar las decisiones públicas, especialmente en un escenario donde la autonomía e independencia judicial están en juego y la experiencia es relegada.
El análisis critica duramente la cerrazón del gobierno federal y de las mayorías legislativas durante el proceso de gestación de la reforma. Se acusa la exclusión deliberada de propuestas de expertos, académicos y colectivos ciudadanos que buscaban fortalecer el acceso a la justicia sin sacrificar la autonomía del Poder Judicial.
La situación se agrava al señalar que, incluso durante la elección, las denuncias de irregularidades presentadas ante el Tribunal Electoral fueron desatendidas con una preocupante falta de seriedad, reflejando una resistencia institucional a la crítica y la vigilancia ciudadana.
Para los especialistas de México Evalúa, este nuevo modelo judicial —donde jueces y magistrados son electos por voto y otros funcionarios designados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial— demanda una vigilancia constante y férrea. El objetivo es evitar que un pilar fundamental de la democracia se convierta en un mero instrumento de intereses políticos, perdiendo su esencia de imparcialidad y experticia.
México Evalúa insiste en que, si bien el voto es un avance formal, sin contrapesos reales y sin una participación ciudadana verdaderamente activa, el sistema corre el riesgo inminente de legitimar abusos, concentraciones de poder y decisiones alejadas del genuino interés público.
“La legitimidad de los jueces no puede depender únicamente de las urnas”, concluyen tajantemente, “sino de su desempeño, independencia y sujeción al Estado de Derecho, cualidades que se consolidan con una trayectoria sólida y experiencia ininterrumpida”.
