Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Lo que antes se presentaba como un “privilegio educativo” comienza a desplomarse. Entre 2023 y 2025, las colegiaturas en escuelas privadas aumentaron hasta un 15% en nivel básico, lo que ha provocado que cientos de familias opten por trasladar a sus hijos a planteles públicos. El peso económico resulta insostenible y el modelo privado muestra sus primeras grietas, admitió Alfredo Villar Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE-ANEP).
Durante el ciclo escolar 2024-2025, muchas familias mexicanas desembolsaron hasta 22 mil 500 pesos solo en la educación inicial de sus hijos. El propio dirigente reconoció que la presión económica ha sido determinante en la caída de la matrícula: “Los hogares se asfixian y no queda más que migrar a lo público”.
Los costos revelan la disparidad: mientras una primaria privada podía cobrar desde 2 mil 800 hasta 12 mil pesos mensuales, las secundarias llegaron a exigir entre 3 mil 599 y 18 mil pesos. Y eso sin incluir las llamadas “cuotas voluntarias” que terminan elevando aún más la factura educativa.
Villar Jiménez insistió en que las colegiaturas no deben entenderse como un negocio mercantil, sino como un acuerdo civil entre las instituciones y los padres de familia. “La educación es un servicio social, no un producto de mercado”, subrayó.
Aun así, reconoció que las escuelas privadas suelen agregar servicios adicionales —desde idiomas hasta materias extracurriculares— que elevan los costos. Para formalizar estos incrementos, es indispensable el consentimiento de los padres mediante contrato, aunque en la práctica las quejas por abusos son cada vez más frecuentes.
El dirigente fue tajante: “Nada es gratuito, incluso las escuelas públicas se sostienen con impuestos”. Pero esa justificación no ha evitado el descontento de padres que ven imposible sostener la carga financiera.
El golpe más duro llegó tras la pandemia. Muchas instituciones enfrentaron morosidad, deserciones y una crisis de pagos. Algunas optaron por congelar precios para sobrevivir, pero otras decidieron aumentar hasta un 4% adicional en plena recesión económica.
Sobre el manejo de recursos, Villar Jiménez aseguró que los colegios privados deben cumplir estrictamente con lo que ofrecen y que cualquier incumplimiento puede ser llevado ante tribunales civiles. No obstante, evitó precisar mecanismos de supervisión que garanticen transparencia, dejando abierta la sospecha de un sistema que pierde confianza y alumnos a pasos acelerados.
