Ciudad VCon 26 votos a favor y 6 en contra, el Congreso de Tamaulipas aprobó un dictamen para instruir a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a revisar las cuentas públicas del periodo 2016 a 2021, cuando gobernó Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con el objetivo de confirmar la legalidad de pagos por 46.3 millones de pesos a los abogados Javier Coello Trejo y Roberto Gil Zuarth.
Para ello, el Congreso ordena abrir las cuentas públicas de Cabeza de Vaca e investigar pagos millonarios con dinero público a Coello Trejo y Gil Zuarth
El acuerdo aprobado señala que los recursos públicos habrían sido destinados al pago de servicios legales personales para defender al exmandatario panista durante su proceso de desafuero, lo que configura un presunto uso indebido del erario.
Los legisladores de Morena, PT y MC que impulsaron el dictamen argumentaron que es indispensable verificar no solo la existencia de los contratos con los despachos Coello Trejo y Asociados y Accuracy Legal and Consulting, sino también comprobar los entregables que sustenten las millonarias erogaciones.
De acuerdo con el expediente, Coello Trejo asumió públicamente la defensa de Cabeza de Vaca ante denuncias penales y procedimientos de desafuero, mientras que Gil Zuarth, exsenador y cercano colaborador del exgobernador, actuó como asesor jurídico en controversias constitucionales que beneficiaban de manera directa al entonces mandatario.
“El Congreso no puede permitir que recursos públicos se utilicen para cubrir defensas personales. La ASE debe indagar a fondo y, en su caso, fincar responsabilidades”, señalaron los diputados promoventes durante la sesión.
La revisión extraordinaria de cuentas se realizará con base en las facultades que la Constitución local otorga a la ASE, que permite abrir ejercicios fiscales anteriores cuando existan denuncias o presunción de irregularidades graves.
Cabe recordar que durante esos años, medios nacionales exhibieron facturas y comprobantes de pagos realizados desde el Gobierno de Tamaulipas a los despachos mencionados, lo que generó cuestionamientos sobre un posible uso faccioso de recursos estatales para fines particulares.
Con esta resolución, el Congreso marca un precedente: si se comprueba que el erario se utilizó para solventar gastos personales de defensa legal, los responsables podrían enfrentar sanciones administrativas y hasta penales.
