El presupuesto federal para 2026 volverá a mostrar una paradoja: habrá más dinero para el Ejército que para la justicia.
De acuerdo con el proyecto de egresos, la justicia recibirá apenas el 1.06 por ciento del gasto total.
Son poco menos de 108.2 mil millones de pesos que deberán repartirse entre la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial Federal y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
En contraste, la Secretaría de la Defensa Nacional contará con 170.7 mil millones de pesos, es decir, el 1.68 por ciento del gasto federal.
No se trata de negar la importancia de la defensa nacional. Se trata de subrayar que la inseguridad que agobia al país requiere tanto soldados como jueces, fiscales y defensores.
Mientras la Sedena construye cuarteles, compra equipo y fortalece su presencia territorial, los tribunales y fiscalías siguen padeciendo carencias de personal e infraestructura.
La organización México Evalúa lo resume bien: el presupuesto de justicia es insuficiente para revertir rezagos y mejorar resultados.
El efecto se sentirá también en los estados, que dependen de las directrices federales y arrastran igualmente grandes déficits en procuración e impartición de justicia.
Con pocos recursos, las fiscalías estatales no pueden ampliar sus plantillas ni profesionalizar a sus ministerios públicos.
Los poderes judiciales locales, a su vez, mantienen tribunales saturados y procesos lentos que desgastan a la ciudadanía.
El déficit de policías, peritos, agentes del Ministerio Público y jueces, es enorme en la mayor parte del país, tanto en el ámbito federal como estatal. Tamaulipas no es la excepción.
La consecuencia es un enorme rezago de asuntos. Tan solo en Victoria hay al menos 20 mil carpetas de investigación rezagadas.
El contraste con el gasto militar provoca una pregunta inevitable: ¿de qué sirve tener más soldados en la calle si la justicia no tiene condiciones para procesar a los delincuentes?
La impunidad es, al final, el motor que alimenta la violencia. Y la impunidad se combate con jueces y fiscales, no solo con patrullas y fusiles.
Por ello, resulta indispensable replantear la política presupuestal. El país necesita equilibrio: seguridad preventiva y justicia efectiva.
Una primera propuesta es establecer un piso presupuestal para justicia, de manera que crezca al menos al mismo ritmo que la defensa nacional.
También es urgente invertir en digitalización de procesos judiciales y ministeriales. La tecnología puede reducir tiempos, costos y cargas de trabajo.
La capacitación permanente de jueces, fiscales y defensores de oficio es otra medida de alto impacto y bajo costo.
Además, debe fortalecerse la coordinación entre federación y estados, para aprovechar mejor la infraestructura y los programas ya existentes.
Finalmente, se requiere transparencia. Cada peso destinado a la justicia debe traducirse en más sentencias, menos rezagos y mayor confianza ciudadana.
Solo así dejaremos de tener más cuarteles que tribunales, y podremos empezar a construir un país donde la seguridad vaya de la mano con la justicia.
El reto es mayúsculo pero no imposible. El diseño del presupuesto aún puede ser corregido si existe la voluntad política de equilibrar las prioridades. Pero, ¿habrá voluntad?
Invertir en justicia no es un lujo ni un capricho. Es una condición esencial para garantizar paz social y sostener la credibilidad del Estado mexicano.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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El Ejército crece, la justicia se achica
