La presencia de militares y marinos en tareas civiles ha alcanzado un punto crítico, donde sus consecuencias comienzan a sentirse con fuerza.
Lo que hoy ocurre en Michoacán, particularmente en Uruapan, evidencia ese desgaste: la gente salió a exigir justicia y el fin de la impunidad.
Durante años advertimos que, al participar en más de cien tareas civiles, las Fuerzas Armadas caerían inevitablemente en la tentación de la corrupción.
Y no solo los uniformados activos: los militares en retiro o con licencia, convertidos en secretarios o subsecretarios civiles, agravan el problema.
Muchos de ellos asumen cargos con una autoridad absoluta, creyendo que los gobernadores deben acatar sus órdenes con sumisión total.
Ese poder, otorgado desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los consolidó como un Estado dentro del Estado mexicano.
No todos son corruptos, es cierto; hay honor y disciplina, pero también existe una red de complicidades que alimenta el descontento social.
En Tamaulipas, por ejemplo, el caso del libramiento de González —donde una patrulla militar acribilló a una familia— sigue impune y silenciado.
Las Fuerzas Armadas reaccionan con valentía ante el peligro, pero las familias de las víctimas siguen esperando justicia y una disculpa.
A eso se suman los escándalos recientes: marinos implicados en huachicol fiscal y en el asesinato de un delegado de la FGR.
En la misma Fiscalía hay historias de corrupción y robo, donde agentes extorsionan a comerciantes y empresarios con total impunidad.
Volviendo a Michoacán, la Guardia Nacional se retiró días antes del crimen del alcalde de Uruapan, dejando un vacío inexplicable.
El senador Luis Donaldo Colosio pidió que el comandante de la Guardia Nacional explique por qué abandonaron la zona más violenta.
Su propuesta incluye datos duros: la Guardia tiene mayor presencia donde hay menos delitos y casi ninguna donde el crimen domina.
En este sexenio, la presidenta Claudia Sheinbaum ha roto el silencio y exhibido la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas.
A diferencia de su antecesor, Sheinbaum ha revelado nombres, sancionado mandos y destapado redes de complicidad en aduanas y mandos militares.
No se puede negar el esfuerzo por limpiar a las instituciones, aunque el daño causado por años de militarización sigue siendo profundo.
Muchos soldados leales están decepcionados de quienes traicionaron el uniforme y el honor que juraron defender ante su nación.
Este es apenas el inicio del punto más álgido: las consecuencias reales de haber militarizado la vida civil en México.
El trío de Tampico
En una carrera por alcanzar una verdadera transformación, no se puede improvisar, y menos dentro de una administración de gobierno.
En los ayuntamientos donde Morena logró acceder al poder desde 2024, la improvisación es más visible, sobre todo cuando sus antecesores dejaron la vara demasiado alta.
Quizás sean pocos los casos, pero los más notorios se ubican en municipios como Tampico, sin que ello signifique que en otros —como Ciudad Madero— no existan deficiencias.
Es evidente que la arrogancia de Erasmo González lo ha llevado a cometer errores por iniciativa propia, porque Adrián Oseguera fue, sin duda, más capaz y más prudente en su momento.
No es el caso de Tampico. La alcaldesa Mónica Villarreal ha logrado, con esfuerzo, organizar su administración; sin embargo, es evidente que necesita gente operativa y con experiencia, no improvisados.
Por ejemplo, la contralora Patricia del Ángel Rivas posee años de trayectoria en temas de seguridad, pero carece de la operatividad necesaria para entregar una administración con cuentas claras.
Funcionarios de la Auditoría Superior del Estado saben que en esa área existen fallas serias, aunque hay cierta consideración, porque aún hay tiempo para sustentar observaciones que seguramente saldrán a la luz más adelante.
El origen de estas condiciones podría estar en la Secretaría de Finanzas, encabezada por Silvia Santamaría Góngora, donde se han detectado actos parciales y decisiones que incluso contradicen las políticas de la propia alcaldesa. Por cierto, el esposo de Silvia fue jefe de prensa municipal.
En esa misma oficina, Dante Mijail García Cortés mantiene la imagen pública del Ayuntamiento en un nivel bajo; no despega, y la comunicación institucional parece diluirse.
Cuando eso ocurre, es porque la soberbia y las prácticas parciales revelan inmadurez política y limitaciones administrativas que frenan cualquier proyecto de gobierno.
Todo esto debe ponerse bajo análisis. El Ayuntamiento de Tampico es uno de los municipios más importantes del país, y aun así la imagen política de Villarreal no despega.
Esto se explica porque existen intereses internos, y lo más grave es que algunos de esos personajes cierran el paso a las personas más cercanas a la alcaldesa, impidiendo que se corrija el rumbo.
La presidenta de Tampico aún tiene tiempo para dar un golpe de timón y fortalecer su equipo en áreas clave. Es verdad que confía en su gente y la conoce desde hace años, pero no todos tienen el perfil que exige el cargo.
Muchas veces la autocrítica ayuda más que la lealtad, y se crece cuando se escucha desde otros puntos de vista.
No puede ser que hoy Chucho Nader o el diputado local Pepe tengan más presencia pública que una acción oficial del municipio, orientada a ayudar a la gente.
Eso demuestra que algo no está funcionando, y que el proyecto político de Tampico no debe caer en una transición meteórica, como le ocurrió al PAN en Tamaulipas.
