Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El verdadero riesgo del registro obligatorio de celulares podría encontrarse en otro punto: concentrar datos personales y biométricos susceptibles de terminar en manos criminales.
La diputada priista Mercedes del Carmen “Paloma” Guillén Vicente advirtió que combatir la extorsión exige investigar no solamente desde dónde llaman los delincuentes, sino cómo obtuvieron información privada.
Durante la sesión de la Diputación Permanente, la legisladora trasladó la discusión hacia la vulnerabilidad de los datos que ciudadanos entregarán para mantener identificadas sus líneas de telefonía celular.
Guillén dejó de lado la discusión sobre cuántas extorsiones provienen de centros penitenciarios y planteó una pregunta que, consideró, debería preocupar a las autoridades: ¿quién filtra nuestros datos?
Su preocupación, explicó, surge porque la extorsión telefónica dejó de depender exclusivamente de llamadas aleatorias y puede construirse utilizando información previamente obtenida sobre las potenciales víctimas.
El delincuente puede conocer nombres, domicilios, empleos, integrantes de una familia, negocios, automóviles y actividades económicas, información suficiente para transformar cualquier llamada telefónica en una amenaza creíble.
“Y entonces el miedo cambia”, planteó Guillén, porque la víctima deja de percibir al extorsionador como un desconocido y comienza a sentir que alguien vigila directamente su entorno.
Con información suficientemente precisa, añadió, el criminal puede generar la percepción de encontrarse físicamente cerca de la víctima, aunque realmente opere desde cualquier lugar y nunca abandone su ubicación.
“Sin que el delincuente se mueva de donde está, puede estar entrando hasta nuestra casa”, advirtió la diputada al dimensionar los riesgos derivados del manejo ilegal de información.
No solamente seguir llamadas; también los datos
Para Guillén, identificar números telefónicos y establecer quién utiliza determinada línea puede resultar útil, pero advirtió que esa estrategia será insuficiente mientras permanezca desprotegida la información personal.
Por ello propuso que cada denuncia por extorsión permita conocer exactamente qué información poseía previamente el delincuente sobre la víctima, buscando detectar coincidencias entre diferentes casos denunciados.
El análisis debería considerar si conocían domicilio, familiares, trabajo, vehículos, negocios u otros datos privados que permitan establecer patrones y eventualmente localizar posibles fuentes de filtraciones de información.
Guillén aclaró que su propuesta no pretende incorporar más burocracia ni crear nuevas instituciones, sino aprovechar las denuncias existentes para construir inteligencia alrededor del origen de los datos utilizados.
Si numerosas víctimas reportaran que los extorsionadores conocían información similar, explicó, las autoridades podrían cruzar esos elementos e investigar dónde fueron almacenados originalmente y cómo pudieron terminar circulando ilegalmente.
La legisladora recordó que diariamente los ciudadanos entregan información personal a instituciones públicas, bancos, comercios, compañías telefónicas, plataformas digitales y numerosos prestadores de servicios públicos y privados.
A ese escenario agregó los antecedentes y denuncias públicas sobre bases de datos comercializadas ilegalmente, situación que aumenta sus reservas respecto de concentrar nueva información personal y biométrica ciudadana.
Por ello, mientras las autoridades avanzan hacia la identificación obligatoria de usuarios telefónicos, Guillén consideró indispensable fortalecer simultáneamente mecanismos capaces de garantizar la protección efectiva de sus datos personales.
La priista reconoció los esfuerzos institucionales contra la extorsión, pero consideró que analizar la información conocida previamente por los delincuentes podría convertirse en otra herramienta preventiva para autoridades investigadoras.
“Hay que seguir el teléfono”, planteó Guillén, pero agregó que frente a las nuevas modalidades criminales México necesita aprender también a seguir otra ruta fundamental: la del dato.
Identificar quién utiliza determinado teléfono puede contribuir a perseguir una extorsión ya cometida; proteger correctamente los datos personales, sostuvo, podría impedir que esa llamada llegue siquiera a realizarse.
Para Guillén, esa debe convertirse en otra dimensión de la estrategia de seguridad: no limitarse a investigar después del delito, sino cerrar previamente las puertas utilizadas por delincuentes.
