Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Congreso en Tamaulipas aprobó reformas destinadas a asegurar que familias de víctimas por feminicidio y homicidio reciban los cuerpos sin demoras injustificadas y con absoluto respeto.
Las nuevas disposiciones contemplan castigar como abuso de autoridad cualquier retraso o negativa injustificada en la restitución de los cuerpos reclamados.
El decreto modifica leyes estatales para fortalecer el debido proceso, asegurar la no revictimización y brindar certeza jurídica a los familiares afectados.
Dentro de la Ley Orgánica de la Fiscalía se incorpora la obligación de crear protocolos específicos para feminicidio y homicidio en todas sus modalidades.
Estos lineamientos deberán definir con precisión responsabilidades institucionales, mecanismos de coordinación y procedimientos claros para entregar los cuerpos.
El protocolo también deberá detallar la acreditación de víctimas indirectas, medidas de asistencia integral y criterios para proteger las investigaciones pertinentes.
Asimismo, se establecerán rutas ministeriales, policiales y periciales, pasos de investigación, procesos de custodia y sistemas de supervisión verificables.
El Código Penal incorpora como abuso de autoridad la negativa injustificada o el retraso en devolver los cuerpos a las víctimas indirectas de feminicidio.
Esta reforma permitirá sancionar penalmente a funcionarios que obstaculicen la restitución, afectando directamente el derecho de las familias al duelo digno.
El dictamen advierte que la burocracia excesiva y las demoras innecesarias constituyen una revictimización que profundiza el sufrimiento de las familias afectadas.
Diputados destacaron que estas reformas armonizan la legislación estatal con estándares nacionales, criterios judiciales y compromisos internacionales en derechos humanos.
La Fiscalía tendrá un plazo obligatorio para emitir los nuevos protocolos y deberá enviarlos a la Comisión de Atención a Víctimas para su revisión técnica.
El Congreso subrayó que estas modificaciones fortalecen la justicia con perspectiva de género y cierran espacios a prácticas institucionales permisivas o negligentes.
