Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con 15 votos a favor y uno en contra, el Congreso de Tamaulipas aprobó prohibir que los órganos autónomos inviertan presupuesto estatal en la Bolsa Mexicana de Valores, tras detectar operaciones que pusieron en riesgo recursos públicos autorizados para programas y servicios.
El diputado Sergio Arturo Ojeda explicó que la reforma busca cerrar definitivamente la puerta a la especulación financiera con dinero público, luego de documentarse inversiones en títulos bursátiles que generaron pérdidas y vulneraron la legalidad presupuestal.
Durante la discusión, Ojeda señaló que algunos órganos utilizaron recursos autorizados para gasto público como si fueran capital privado, colocándolos en instrumentos de riesgo sin controles adecuados, pese a tratarse de dinero destinado a la ciudadanía.
Destacó que, aunque los fondos de inversión actualmente vigentes cumplen con su normativa interna, se estableció un plazo de 60 días para que los órganos autónomos modifiquen sus reglamentos y eliminen cualquier posibilidad de repetir estas prácticas.
Isidro Vargas, presidente de la Comisión de Finanzas, recordó que la Constitución estatal no prohibía expresamente estas operaciones, por lo que el Congreso dio un paso determinante para regular de manera estricta el uso del dinero destinado al ejercicio gubernamental.
El dictamen reforma la Constitución y diversas leyes —entre ellas la Ley de Gasto Público, la Ley Electoral, la Ley Orgánica de la Fiscalía General, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, la Ley de la UAT y la del Tribunal de Justicia Administrativa— para dejar claro que los recursos públicos pertenecen únicamente al pueblo de Tamaulipas.
La reforma establece que el presupuesto no es capital de riesgo; es un instrumento para construir escuelas, hospitales, carreteras, programas sociales y seguridad, por lo que cada peso debe aplicarse estrictamente al fin para el que fue aprobado.
El dictamen expone que en los últimos años algunos órganos realizaron inversiones bursátiles con recursos no ejercidos o derivados de subejercicios, convirtiendo dinero público en apuestas sujetas a volatilidad y posibles pérdidas sin justificar beneficio social alguno.
El Congreso recordó el antecedente del banco Accendo, donde la pasada administración colocó más de 200 millones de pesos en una institución que quebró poco después, generando un daño patrimonial que hoy continúa en disputa judicial.
Por ello, la reforma ordena retirar todas las inversiones vigentes y transferir los recursos —junto con sus rendimientos— a la Secretaría de Finanzas del Estado, que determinará la forma y el momento para cerrar los instrumentos sin agravar posibles pérdidas.
El dictamen subraya que la función pública no es multiplicar dinero mediante especulación, sino ejercerlo en tiempo y forma para atender necesidades reales. Cada peso inmovilizado o desviado al mercado financiero representa una oportunidad perdida para avanzar en salud, educación o infraestructura.
La reforma también cierra vacíos legales que permitían a órganos solicitar ampliaciones presupuestales que después no ejercían para finalmente colocarlas en instrumentos bursátiles al margen del control y la fiscalización.
Finalmente, el Congreso concluyó que la autonomía no puede utilizarse como argumento para evadir la rendición de cuentas ni para manejar recursos fuera del marco constitucional, por lo que esta modificación garantiza integridad financiera, transparencia y protección total del patrimonio público de Tamaulipas.
