Ciudad Victoria.- La incorporación de inteligencia artificial en los procesos de fiscalización electoral permitiría detectar operaciones financieras irregulares en tiempo real y fortalecer la transparencia del financiamiento político, afirmó la consejera del Instituto Nacional Electoral, Frida Denisse Gómez Puga.
La funcionaria consideró que estas herramientas tecnológicas representan una oportunidad para vigilar con mayor precisión el origen y destino de los recursos utilizados durante las campañas electorales.
Explicó que la aplicación de inteligencia artificial facilitaría la identificación de movimientos financieros atípicos, reduciendo riesgos de corrupción y posibles intentos de infiltración del crimen organizado en los procesos democráticos.
Gómez Puga señaló que la implementación de esta tecnología para las elecciones de 2027 dependerá de las adecuaciones legales que aprueben diputadas y diputados federales, así como senadoras y senadores.
Recordó que anteriormente existieron convenios de colaboración con plataformas digitales como Facebook e Instagram, pero estimó necesario ampliar el marco legal para supervisar la publicidad política difundida mediante inteligencia artificial.
Advirtió que el uso de recursos de procedencia ilícita durante las campañas continúa siendo una preocupación constante, ya que compromete la equidad de las contiendas y la confianza ciudadana.
Como ejemplo, recordó que en 2017 el INE detectó más de 264 millones de pesos en gastos de campaña que los partidos políticos omitieron reportar oficialmente.
La consejera explicó que sistemas basados en inteligencia artificial y aprendizaje automático pueden procesar enormes volúmenes de información para identificar patrones financieros inusuales con mayor rapidez y precisión.
Reconoció que México aún enfrenta importantes retos legislativos en materia de fiscalización electoral, por lo que consideró indispensable actualizar el marco jurídico para aprovechar estas herramientas tecnológicas.
Sostuvo que la revisión puntual del origen, aplicación y destino de los recursos partidistas constituye uno de los pilares fundamentales para preservar la legalidad y credibilidad electoral.
