Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Gerardo Peña Flores lanzó una ofensiva legislativa para frenar el despojo en Tamaulipas, endureciendo sanciones, cerrando lagunas legales y castigando severamente a funcionarios que retrasen o entorpezcan la restitución de bienes arrebatados a sus propietarios.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN advirtió que el despojo se ha convertido en uno de los delitos patrimoniales más extendidos, afectando a familias enteras y generando conflictos sociales que escalan por la ausencia de respuestas oportunas de las autoridades.
Peña Flores explicó que muchas víctimas, especialmente en zonas rurales, optan por no denunciar ante el temor de represalias de grupos violentos, lo que alimenta una cifra oculta que podría duplicar los registros oficiales.
La iniciativa propone incrementar de 8 a 10 años la pena para servidores públicos que, desde sus funciones judiciales o administrativas, retrasen deliberadamente la restitución de un bien despojado, afectando directamente a las víctimas.
Además, plantea sanciones de hasta 20 años de prisión para funcionarios que participen en actos de despojo aprovechando información privilegiada, al considerar que no solo dañan el patrimonio privado, sino la confianza pública y la integridad institucional.
En materia civil, el proyecto amplía de seis meses a dos años el plazo para promover el interdicto de recuperación de posesión, garantizando un acceso real y oportuno a la justicia para quienes buscan recuperar su propiedad.
Peña Flores subrayó que el Estado no puede permanecer pasivo ante un delito que provoca pérdidas económicas, daños emocionales y reacciones sociales que, en muchos casos, terminan en intentos de justicia por mano propia.
La iniciativa fue turnada a comisiones y será analizada en los próximos días, en un contexto donde el despojo se mantiene como una de las principales preocupaciones de seguridad patrimonial en el estado.
