Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Una jueza penal impuso una sanción de un millón trescientos mil pesos a una abogada por interrumpir una audiencia, luego de corregir a la juzgadora por omitir una etapa del proceso durante el desarrollo de la diligencia.
De acuerdo con el sistema de juicios orales, la jueza Mónica Iliana Chapa podía aplicar desde veinte UMAs hasta cinco mil, e incluso expulsar a la litigante; sin embargo, optó por imponer la multa máxima, rebasando con ello las etapas administrativas previstas para una sanción.
Especialistas consultados señalaron que la jueza excedió sus facultades al imponer cinco mil salarios mínimos sin justificar adecuadamente los motivos del monto aplicado.
Indicaron que, desde la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Oral en Tamaulipas, no se tenía antecedente de una multa de tal magnitud contra un litigante.
Juristas consideran que la resolución es desproporcionada y contraria al espíritu del modelo oral, que exige decisiones motivadas, razonadas y estrictamente fundamentadas.
Advirtieron que el caso de la jueza Mónica Iliana Chapa sienta un precedente preocupante y evidencia que la elección directa de juzgadores no garantiza protección efectiva a quienes buscan justicia.
Durante la misma audiencia, la abogada expuso que, en una diligencia anterior, se vulneró directamente el debido proceso debido a la falta de competencia técnica de la juzgadora, quien no individualizó correctamente a las partes, violando el principio de inmediación y omitiendo reconocer la etapa previa. Esa actuación, sostuvo, generó una dirección incorrecta de la audiencia.
Consideró que dicha omisión afectó a su defendido, pues paralizó indebidamente el avance procesal y generó el riesgo de que la etapa se condujera de manera errónea, comprometiendo la legalidad, la seguridad jurídica y el principio de igualdad procesal. “Por ello, su señoría, respetuosamente solicito que esta incidencia se declare fundada y se ordene reponer la audiencia ante un juez distinto”, expresó.
Otro momento de tensión ocurrió cuando la jueza llamó a continuar la diligencia en una nueva etapa, pero la abogada le recordó que ya había sido superada previamente y que correspondía intervenir al Ministerio Público. Ese señalamiento irritó a la juzgadora, situación que se agravó tras la intervención del fiscal, quien pidió impedir que la abogada interrumpiera.
Al respecto, la presidenta del Poder Judicial del Estado, Tania Contreras López, reconoció el incidente y la aplicación de la sanción máxima.
Informó que un magistrado regional analizará el asunto en segunda instancia para conocer los hechos y resolver el recurso interpuesto.
Contreras señaló que, si bien existió insistencia reiterada por parte de la defensora, será la segunda instancia la encargada de revisar los señalamientos y determinar su validez.
Agregó que, aunque la abogada argumentó incapacidad técnica de la jueza como motivo para suspender la audiencia, esa situación “no constituye causal para detener una diligencia”, pero aclaró que los detalles quedarán a consideración del magistrado.
Respecto a la multa impuesta, señaló que la apelación deberá valorar si la sanción máxima fue o no legal, aunque subrayó que el Poder Judicial respetará la libertad de expresión de los abogados.
“La gradualidad de la multa será analizada por el magistrado. Las puertas del Tribunal están abiertas para los abogados”, concluyó.
