Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En el 2026 los ayuntamientos en Tamaulipas va destinar recursos económicos y apoyos directos para apoyar a los colectivos de búsqueda de personas, confirmó la diputada Eva Reyes González.
“La idea es apoyar a las familias de los desparecidos pero también de hacerle actualización a las leyes para fijar mejores condiciones a las buscadoras”, expuso hoy la diputada por Reynosa.
Agregó que de esta manera, se va fortalecer la labor humanitaria que realizan diariamente.
Reyes González explicó que actualmente cada integrante de los grupos de búsqueda recibe 330 pesos diarios para cubrir alimentos, traslados y gastos esenciales, pero reconoció que esa cantidad resulta claramente insuficiente para el trabajo que desempeñan durante jornadas prolongadas.
Informó que municipios como Nuevo Laredo y Reynosa ya confirmaron partidas presupuestales para el próximo año, mientras que en el resto de Tamaulipas y en particular en la frontera, se analiza sumarse a la estrategia local de apoyo a víctimas y buscadores.
La legisladora señaló que aún falta evaluar la postura de municipios del centro y sur del estado, aunque confió en que Tampico pueda integrarse, considerando su capacidad institucional y la creciente necesidad de respaldo a los colectivos.
Comentó que, en coordinación con el consejero Andrés Mendeñeco, se iniciará una ruta de visitas a los ayuntamientos para organizar reuniones con alcaldes y alcaldesas, buscando formalizar la participación municipal en las tareas relacionadas con desapariciones.
Reyes González, recordó que la nueva Ley del Sistema Nacional de Víctimas obligará a cada autoridad a asumir responsabilidades específicas, por lo que será indispensable que los municipios se preparen para cumplir con sus nuevas atribuciones.
También subrayó la importancia de homologar los apoyos para víctimas indirectas, ya que actualmente existen diferencias entre casos denunciados en el ámbito federal o local, situación que genera desigualdades injustificadas.
La diputada señaló que el fortalecimiento institucional requerirá un mayor presupuesto para la Fiscalía, específicamente para acelerar estudios de ADN, contratar antropólogos forenses y regionalizar el Sistema Estatal de Búsqueda, tareas pendientes que deberán resolverse con el nuevo fiscal.
