Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Propietarios de vehículos ya legalizados denuncian en redes y ante la Onappafa que enfrentan decomisos e intimidaciones por parte de la Guardia Nacional y agentes viales, quienes presuntamente realizan retenciones sin fundamento legal y bloquean el acceso a familiares o abogados durante los operativos.
Los afectados aseguran que sus unidades cumplen con el decreto federal de regularización, cuentan con placas vigentes y chip del Repuve; sin embargo, gobiernos como San Luis Potosí, Puebla, Querétaro, Guanajuato y Veracruz les niegan el emplacado local, obligándolos a usar matrículas de Tamaulipas.
Esta situación —señaló la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar— los convierte en blanco frecuente de revisiones y decomisos, pese a haber cubierto todas las cuotas y requisitos establecidos por las autoridades federales competentes.
La agrupación recordó que existe un criterio jurisdiccional aplicable, por lo que recomienda a los compradores verificar cuidadosamente las fechas registradas en los títulos americanos antes de adquirir un vehículo susceptible de regularización.
Zúñiga Maldonado denunció que en entidades como San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato y Veracruz, la Guardia Nacional y cuerpos de tránsito han detenido a conductores de autos americanos, advirtiéndoles incluso un posible decomiso al considerar que están fuera del periodo contemplado por el decreto vigente.
Señaló que en los últimos meses han sido aseguradas treinta unidades y se han impuesto multas que, acumuladas, rondan los quinientos mil pesos, afectando directamente el patrimonio y los derechos de las familias involucradas.
El coordinador estatal explicó que el criterio jurisdiccional 30/2025 establece que, en procedimientos administrativos aduaneros, es ilegal realizar embargos precautorios sobre vehículos regularizados conforme al decreto que avala su legal estancia en territorio mexicano.
Pidió a quienes planean adquirir unidades americanas durante la temporada decembrina asesorarse previamente ante el Repuve o las oficinas de Onappafa, para evitar extorsiones, decomisos arbitrarios o retenciones sin validez legal.
Subrayó que la orientación adecuada es fundamental para impedir abusos de autoridad y garantizar que los propietarios no sean sometidos a medidas de embargo contrarias al criterio jurisdiccional vigente.
