Ciudad Victoria, Tamaulipas.-El Congreso local reconoció un grave desorden financiero en Tamaulipas, al mantenerse sin solventar alrededor de diez mil millones de pesos.
El diputado Eliphalet Gómez Lozano informó que 180 cuentas públicas de ayuntamientos y entes estatales presentan irregularidades acumuladas entre 2021 y 2023.
Detalló que sesenta por ciento de los informes revisados fueron reprobados, al no comprobarse casi diez mil millones de doce mil fiscalizados.
Precisó que las cuentas rechazadas corresponden tanto a municipios como a organismos públicos descentralizados, sin lograr aclarar los recursos observados.
Por ejercicio fiscal, explicó que en 2021 se detectaron quince cuentas negativas, en 2022 noventa, y en 2023 ciento noventa y cinco.
El legislador evitó revelar nombres de ayuntamientos y organismos involucrados, pero insistió en que el problema refleja un caos financiero generalizado.
Señaló que el rezago histórico en auditorías comienza a atenderse con un nuevo enfoque para evitar prescripciones y falta de sanciones.
Reconoció que aún existen bloques pendientes de 2021 y 2022, mientras que la Auditoría ya concluyó la revisión del ejercicio 2023.
Indicó que ahora se trabaja de manera simultánea en expedientes antiguos y recientes, buscando cerrar brechas de impunidad administrativa.
Gómez Lozano recordó que antes se priorizaban cuentas viejas, provocando prescripción de responsabilidades y ausencia de consecuencias legales.
Afirmó que los recursos no solventados derivan de desorden administrativo, fallas internas y uso indistinto de fondos estatales y federales.
Explicó que solo el punto cinco por ciento de los recursos observados eran federales, mismos que fueron descartados por falta de competencia.
Reveló que cuarenta de cuarenta y tres municipios reprobaron en 2023, al concentrarse irregularidades en ayuntamientos y entes paramunicipales.
Precisó que más del noventa y cinco por ciento de las cuentas municipales revisadas presentó dictámenes en sentido negativo.
Advirtió que, tras la aprobación legislativa, se iniciarán investigaciones por faltas graves y presuntos quebrantos al erario.
Los expedientes serán turnados a la Fiscalía Anticorrupción y al Tribunal de Justicia Administrativa, con seguimiento estricto a órganos internos.
