Con la cuenta regresiva en el Congreso, el cierre de registros para la Fiscalía Anticorrupción eleva suspicacias y revela que el proceso político será distinto.
El escenario no replica la designación del Fiscal General, no tanto por el método legal, sino por señales políticas, lealtades probadas y decisiones que pesan.
En Tamaulipas, los nombramientos recientes muestran un equilibrio: lealtad al proyecto de Américo Villarreal Anaya, pero con mayor énfasis en imparcialidad institucional y credibilidad pública.
Por eso, no puede ignorarse que quien encabece la Fiscalía Anticorrupción debe tener identificación política clara con el gobernador y compromiso probado con su gobierno.
Más aún, existen perfiles que resistieron presiones y persecuciones del pasado, cuando defender a Américo Villarreal significaba enfrentar al aparato panista completo desde tribunales electorales.
Esa defensa jurídica y política, encabezada por figuras como Tania Contreras y Eduardo Govea, explica la gratitud del gobernador hacia quienes sostuvieron su causa institucional.
Hoy, la designación del Fiscal Anticorrupción no admite ingenuidad: llegarán quienes combinen lealtad, justicia y decisión firme para aplicar la ley sin titubeos ni concesiones.
Pero además, será una persona capaz, con experiencia jurídica y no solo electoral, actualizada, además con oficio político y convencido de que debe ser transparente y abierto a los medios de comunicación sin pasar por alto a la sociedad.
