En la disputa por reducir la inseguridad, las diferencias no siempre están en el discurso, sino en los números. Federación y Estado destinan recursos crecientes, pero en los ayuntamientos la voluntad presupuestal marca una brecha que ya no puede ocultarse.
Reynosa, el municipio con mayores ingresos propios junto con Nuevo Laredo y Matamoros, proyecta para 2026 un gasto superior a 3 mil 383 millones de pesos, pero apenas asigna el 0.6 por ciento a seguridad.
El contraste es inevitable. Mientras desde el cabildo se elevan quejas por supuesta falta de respaldo estatal, la inversión municipal se concentra en Tránsito y vialidad, sin un plan sólido que fortalezca la prevención del delito.
Ni hablar de una estrategia local capaz de contener delitos de alto impacto. La prevención —la única herramienta directa que compete a los municipios— parece relegada frente a la narrativa política y la confrontación institucional.
La comparación es incómoda: Nuevo Laredo destina casi el 3 por ciento de su presupuesto 2026 a seguridad, quintuplicando el esfuerzo proporcional de Reynosa, pese a enfrentar también presiones delictivas complejas.
Y, sin embargo, las cifras oficiales cuentan otra historia. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal, en 2025 Reynosa redujo 7 de 8 delitos de alto impacto respecto a 2024.
El homicidio doloso bajó 29 por ciento; el secuestro, 50 por ciento; la extorsión, 48 por ciento; y el robo de vehículo, 23 por ciento, según reportes oficiales consolidados.
También disminuyeron el robo a casa habitación en 10 por ciento, el robo a negocio en 24 por ciento y la violencia familiar en 16 por ciento. Solo el robo a transeúnte registró un incremento de 23 por ciento.
Ese único delito al alza evidencia un área donde la prevención municipal es clave. Patrullaje de proximidad, iluminación, recuperación de espacios públicos y coordinación comunitaria son competencias locales que no requieren discursos, sino decisión presupuestal.
Dejar toda la carga al Estado y a la Federación mientras se administra apenas el 0.6 por ciento del gasto total a seguridad es una apuesta política riesgosa. La omisión también genera responsabilidad pública.
Los alcaldes que optan por deslindarse deberían asumir que gobernar implica corresponsabilidad. Invertir en prevención no es un favor al Estado, es una obligación con las familias que exigen tranquilidad y resultados.
Y mientras en Reynosa el debate gira entre cifras y porcentajes, el escenario político tamaulipeco suma otro capítulo de alto voltaje: el reto lanzado por Alejandro Rojas Díaz Durán al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en algo que, si fuera una trama se podría titular: “El amor en tiempos de Huachicol”.
Y es que en la entrevista con Carmen Aristegui, en el noticiero Aristegui en Vivo, Rojas desafió a Cabeza de Vaca a denunciar juntos —en México o en Estados Unidos— al senador morenista José Ramón Gómez Leal, su cuñado y al exsubsecretario Horacio García Rojas.
El exsenador sostuvo que Gómez Leal, conocido como “JR”, habría sido el primer vínculo entre los hermanos Carmona y actores políticos de Tamaulipas, señalándolo como pieza clave en una presunta red relacionada con el huachicol.
Rojas afirmó que el legislador recomendó a Julio Carmona para un cargo en la Aduana de Reynosa y mantuvo cercanía con Sergio Carmona, empresario asesinado en 2021 y señalado como operador financiero del huachicol.
“Lo reto a que denunciemos juntos”, insistió, planteando que si Cabeza de Vaca busca limpiar su nombre y exhibir redes ilícitas, debe acudir a las autoridades y no limitarse al intercambio mediático.
Añadió que durante la gestión de Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera se investigaron y congelaron cuentas de Gómez Leal, aunque posteriormente fueron liberadas, en un contexto que sigue generando suspicacias.
Recordó también que el senador coordinó en Tamaulipas la precampaña presidencial de Adán Augusto López Hernández en el proceso 2023-2024, lo que coloca el debate en una dimensión nacional.
Rojas fue más allá al señalar que Carmona habría sido proveedor gubernamental en Reynosa y en el gobierno estatal del PAN por casi 400 millones de pesos, cifra que, de confirmarse, obligaría a una revisión exhaustiva.
Mencionó además que el nombre de Horacio García Rojas aparece —según dijo— en una denuncia ante la Fiscalía de Nueva York vinculada con posibles financiamientos ilícitos, información que habría sido consultada por la periodista Anabel Hernández.
Sobre presuntas grabaciones atribuidas a Carmona, citó el testimonio de Edy Pintor, quien habría revelado que el empresario entregó su teléfono a su hermano por temor, con instrucciones de hacerlo llegar a autoridades estadounidenses.
Según esa versión, el dispositivo contendría videos donde se mencionan reuniones para entregar dinero en efectivo en domicilios de San Pedro Garza García, Polanco y el sur de Tamaulipas, mostrando una imagen donde estan, dijo, “los carbonizados” entre ellos el Alcalde de Ciudad Madero Erasmo González Robledo.
Si estas acusaciones escalan a tribunales, el impacto político sería mayúsculo. El reto de Rojas no solo busca confrontar a Cabeza de Vaca, sino obligar a que las acusaciones crucen del discurso a la denuncia formal.
En un estado donde la seguridad sigue siendo tema central y el huachicol un fantasma recurrente, el debate deja de ser retórico. O se judicializa con pruebas, o se convierte en otro episodio de desgaste político.
La pregunta de fondo es simple: ¿quién está dispuesto a llevar la narrativa al terreno de la ley? Porque en política, como en seguridad, la diferencia entre el discurso y los hechos termina marcando la credibilidad.
