Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Instituto Electoral de Tamaulipas asume nuevas atribuciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, al convertirse en la instancia encargada de supervisar que los partidos políticos atiendan las solicitudes ciudadanas de información.
La presidenta de la Comisión de Procedimientos Sancionadores del IETAM, Marcia Laura Garza Robles, confirmó que el órgano electoral ahora verificará que los institutos políticos con registro estatal cumplan con sus obligaciones informativas.
Explicó que la creación de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública dentro del Instituto marca una nueva etapa en el control y fiscalización de la actividad partidista.
A partir de estas adecuaciones, los partidos deberán publicar información obligatoria y responder formalmente a cualquier petición presentada por ciudadanos, organizaciones civiles o incluso personas que utilicen seudónimos.
La funcionaria detalló que estas facultades derivan de reformas constitucionales y ajustes a la legislación electoral local, tras la desaparición de organismos especializados en transparencia y protección de datos.
Con la reconfiguración institucional, los organismos públicos locales, como el IETAM, asumieron la responsabilidad de garantizar el acceso a la información en el ámbito electoral.
Garza Robles reconoció que la transición ha generado inquietud entre los partidos, particularmente por la obligación de cargar información y atender solicitudes en plazos establecidos.
“Se han presentado observaciones por parte de las representaciones partidistas, sobre todo por la exigencia de responder solicitudes de información de la población en general”, indicó.
Subrayó que la obligación es clara y no admite excepciones: los partidos deberán responder a solicitudes provenientes de particulares, asociaciones civiles o personas que se identifiquen mediante apodos.
La Unidad de Transparencia del IETAM dará seguimiento puntual al cumplimiento de estas disposiciones y, en caso de omisión, requerirá a los partidos para que subsanen la falta antes de proceder a eventuales sanciones.
Con estas nuevas tareas, el órgano electoral amplía su papel como garante de la legalidad, reforzando el principio de que la actividad política debe desarrollarse bajo estándares más estrictos de apertura y control ciudadano.
