Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La violencia intrafamiliar no reconoce nivel económico, preparación académica ni condición social; sin embargo, son los sectores más vulnerables quienes acuden con mayor frecuencia a denunciar ante las autoridades, reveló la directora del Instituto de las Mujeres.
Marcia Benavides Villafranca explicó que la mayoría de los casos formales se concentran en instancias como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, donde predominan personas con limitaciones económicas.
Sostuvo que, aunque la violencia afecta por igual a todos los estratos, en los niveles de mayor capacidad económica se denuncia menos, posiblemente porque cuentan con asesoría privada y mecanismos legales alternos para enfrentar estos conflictos.
Advirtió que en Tamaulipas persiste una “cifra negra” significativa de mujeres que sufren algún tipo de agresión y no presentan denuncia, pese a los esfuerzos institucionales para prevenir, atender y sancionar este delito.
La funcionaria señaló que el problema debe abordarse de raíz mediante acciones coordinadas entre dependencias, especialmente ante las constantes reformas legales que exigen actualización permanente de quienes intervienen en estos procesos.
Subrayó que los servidores públicos involucrados en la atención a víctimas deben fortalecer su capacitación profesional, considerando la complejidad jurídica que implican los casos de violencia familiar y sus múltiples vertientes legales.
Benavides Villafranca expuso que existen víctimas con tres o cuatro carpetas abiertas y procesos civiles paralelos, particularmente en casos de violencia vicaria, lo que refleja una operación jurídica prolongada y desgastante.
Ante este panorama, hizo un llamado a los operadores del sistema de justicia, dentro y fuera del ámbito institucional, incluidos litigantes particulares, a actuar con ética y responsabilidad para resolver de fondo las situaciones.
Reiteró que la prioridad debe centrarse en garantizar protección efectiva a las víctimas, evitar la revictimización y asegurar que los procesos legales no se conviertan en un nuevo obstáculo para quienes buscan justicia.
