Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La violencia sexual cometida contra niñas, niños y adolescentes en Tamaulipas no prescribirá, de acuerdo a lo que hoy se establecerá en el Código Civil.
La reforma, modifica el Código Civil estatal para garantizar que las víctimas puedan reclamar justicia sin límite de tiempo.
Durante la exposición de motivos, se subrayó que la violencia sexual infantil genera secuelas psicoemocionales profundas que, en muchos casos, impiden denunciar dentro de los plazos ordinarios previstos por la legislación civil.
La iniciativa retoma criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha considerado inconstitucional imponer plazos de prescripción a acciones civiles derivadas de abusos sexuales sufridos durante la niñez.
Se argumentó que las víctimas requieren tiempo para comprender y verbalizar el daño sufrido, por lo que imponer límites rígidos equivale a desconocer la naturaleza traumática del abuso y puede derivar en revictimización.
El dictamen precisa técnicamente que lo imprescriptible es la acción para exigir la reparación del daño, no el derecho abstracto, ajustando la redacción para brindar mayor certeza jurídica dentro del Código Civil.
El Poder Judicial del Estado emitió opinión favorable al considerar que la reforma armoniza el marco normativo local con la doctrina jurisprudencial nacional y fortalece el acceso efectivo a la justicia.
Asimismo, el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes respaldó la propuesta al señalar que representa un avance sustancial en la protección reforzada de la infancia.
La diputada Charo González Flores, presidenta de la Comisión de Niñez, expresó el respaldo de Acción Nacional y destacó que muchas víctimas callan durante años por miedo o cercanía con el agresor.
Se enfatizó que no basta con acreditar el delito; es indispensable garantizar la reparación integral del daño, incluyendo tratamientos terapéuticos y medidas que permitan a las víctimas reconstruir su proyecto de vida.
Con este dictamen, el Congreso avanza hacia un marco legal que coloca en el centro la dignidad humana y asegura que la justicia para la niñez no quede sujeta al paso del tiempo.
