Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En Tamaulipas se castigará el abandono de la víctima con una ampliación que incluye a los adolescentes, persona mayor de 65 años o con alguna discapacidad o enfermedad terminal y lo deje sin los medios de subsistencia.
El acuerdo fue tomado este lunes en trabajo de Comisiones, en una iniciativa propuesta por la diputada del PRI Mercedes del Carmen Guillen Vicente a quienes se unieron los diputados de los diferentes grupos parlamentarios.
La propuesta modifica los artículos 362 y 363 del Código Penal del Estado para ampliar los supuestos del delito, incorporando expresamente a niñas, niños, adolescentes, personas mayores de 65 años y personas con discapacidad o enfermedad terminal.
El dictamen establece que comete delito quien, en calidad de garante, abandone a la víctima y la deje sin medios básicos de subsistencia ni cuidados indispensables para preservar condiciones dignas de salud, alimentación e higiene.
Guillén Vicente sostuvo que el tipo penal no solo protege la provisión de alimentos, sino el derecho humano al cuidado integral, entendido como atención física, mental, emocional y social de quienes dependen de terceros.
La reforma precisa el concepto de abandono, remitiendo a la definición contenida en la Ley de Prevención de Violencia Familiar del Estado, que lo describe como la omisión de brindar protección y cuidados necesarios para el desarrollo integral.
Con ello, se busca fortalecer la certeza jurídica y evitar vacíos legales al momento de sancionar conductas que vulneren a personas incapaces de valerse por sí mismas o en situación de dependencia.
El dictamen cuenta con respaldo técnico de la Fiscalía General de Justicia del Estado y del Poder Judicial de Tamaulipas, que avalaron la ampliación de los sujetos pasivos y los ajustes propuestos.
Durante la discusión en comisiones, legisladores de Morena y del PAN reconocieron la pertinencia de la iniciativa, destacando la necesidad de actualizar el marco penal frente a omisiones de cuidado que afectan a sectores vulnerables.
La propuesta también contempla sanciones relacionadas con el incumplimiento de la obligación alimentaria, reforzando la protección jurídica para quienes enfrenten abandono material o emocional por parte de sus responsables legales.
