Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Congreso del Estado aprobó una profunda reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Tamaulipas, modificando más de cien artículos para reconfigurar su estructura institucional y modernizar el funcionamiento del sistema judicial.
Uno de los cambios centrales establece que el informe anual del titular del Poder Judicial se rendirá en septiembre y no en marzo, con el propósito de presentar resultados más completos y evaluables.
La modificación responde a que el calendario anterior concentraba numerosas actividades administrativas y jurisdiccionales durante el primer trimestre del año, dificultando integrar información consolidada para la rendición de cuentas.
Con la reforma, el informe deberá presentarse en sesión pública y solemne del Pleno dentro de la segunda quincena de septiembre, eliminando la figura de sesión extraordinaria contemplada anteriormente.
El dictamen fue aprobado con 25 votos a favor de Morena y sus aliados, un voto en contra y siete abstenciones, entre ellas las del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Además del ajuste en el calendario institucional, el decreto introduce cambios estructurales en la organización del Poder Judicial, redefiniendo funciones entre el Supremo Tribunal de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.
Entre los ejes principales destaca el fortalecimiento del Tribunal de Disciplina Judicial, que tendrá mayores facultades para investigar responsabilidades administrativas y evaluar el desempeño de jueces y personal jurisdiccional.
También se otorgan nuevas atribuciones al Órgano de Administración Judicial para definir la distribución territorial de juzgados y administrar recursos humanos y materiales del sistema judicial.
Otro aspecto relevante es la consolidación del modelo de justicia digital, incorporando herramientas como el Tribunal Electrónico, la firma electrónica y sistemas de notificación en línea.
La reforma introduce además un sistema automático y aleatorio para la asignación de asuntos, con el objetivo de evitar discrecionalidad y fortalecer la transparencia en la distribución de casos.
Asimismo, se permitirá que las sesiones judiciales se desarrollen de manera presencial o virtual, buscando garantizar continuidad operativa en los procesos jurisdiccionales.
En el ámbito administrativo se crean nuevas figuras como los Oficiales Judiciales, se eliminan áreas consideradas obsoletas y se refuerzan mecanismos de capacitación y justicia alternativa.
Durante la discusión, la diputada Rosario González Flores fijó la postura del PAN, señalando que la reforma representa prácticamente una nueva ley al modificar más de cien disposiciones.
La legisladora reconoció avances importantes como la incorporación del Tribunal Electrónico y la firma digital, herramientas que consideró positivas para agilizar procesos y modernizar la impartición de justicia.
También destacó la reforma al artículo 173, que exige probar responsabilidades administrativas graves más allá de toda duda razonable, otorgando garantías similares a las previstas en el ámbito penal.
No obstante, advirtió que existen aspectos que generan preocupación, particularmente las facultades del Órgano de Administración Judicial para definir regiones, materias y adscripciones de jueces.
Según explicó, estas atribuciones podrían vulnerar la independencia judicial o utilizarse como mecanismo de presión sobre juzgadores mediante cambios de adscripción o ajustes administrativos.
Asimismo, cuestionó la posibilidad de flexibilizar requisitos para ocupar determinados cargos, como dispensar la condición de abogado o el mínimo de edad requerido para funciones auxiliares.
Para el PAN, sostuvo la legisladora, contar con perfiles profesionales altamente capacitados es fundamental para evitar fallas estructurales y garantizar un sistema judicial sólido y confiable.
Por estas consideraciones, el grupo parlamentario blanquiazul decidió abstenerse de votar el dictamen, al reconocer avances pero también advertir áreas que, a su juicio, requieren ajustes.
