Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Auditoría Superior del Estado advirtió que la debilidad en los sistemas de control interno dentro de diversas instituciones públicas continúa generando riesgos administrativos que impactan directamente en la transparencia y el manejo de recursos.
El titular del órgano fiscalizador, Francisco Noriega Orozco, señaló que las deficiencias en los procesos de control provocan irregularidades operativas que pueden derivar en ineficiencias, mal uso del dinero público y opacidad institucional.
Explicó que la falta de orden en los mecanismos administrativos abre espacios para prácticas indebidas como fraude, desvío de recursos o errores contables que terminan afectando la confianza ciudadana en las instituciones.
El auditor superior sostuvo que uno de los problemas más frecuentes detectados durante las revisiones es la entrega incompleta de documentación contable, particularmente en pólizas y registros administrativos que deben respaldar el gasto público.
Estas inconsistencias, agregó, dificultan que los equipos de auditoría puedan concluir adecuadamente los procesos de fiscalización, al no contar con todos los elementos necesarios para validar la información reportada por las entidades.
Noriega Orozco indicó que la ausencia de controles administrativos sólidos también provoca retrasos operativos, debilita la reputación institucional y complica el cumplimiento de metas relacionadas con el valor público.
Ante esta situación, exhortó a alcaldes, directores generales y responsables del manejo de recursos públicos a revisar con detenimiento las observaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado.
Subrayó que las dependencias no deben esperar a que las irregularidades se conviertan en sanciones, sino atender de manera preventiva las observaciones y cumplir con la entrega de información completa en sus informes periódicos.
El auditor explicó que gran parte de las inconsistencias detectadas se originan en procesos administrativos desordenados y en la falta de verificación previa de los documentos que se remiten al órgano fiscalizador.
Finalmente, advirtió que estas fallas no solo representan un problema técnico o administrativo, sino que también generan un alto costo social, al alimentar la desconfianza ciudadana sobre el uso de los recursos públicos.
