Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Dos magistradas de circuito con sede en Ciudad Victoria fueron suspendidas por la Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, tras conceder un amparo definitivo al exgobernador tamaulipeco Eugenio Hernández Flores que frenaba su extradición a Estados Unidos.
Las funcionarias sancionadas son Dulce Yanet Vega Camacho y Lourdes Guadalupe Ávila Tovías, integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo con sede en Tamaulipas, quienes accedieron al cargo mediante la elección judicial realizada el año pasado.
Eugenio Hernández Flores gobernó el estado entre enero de 2005 y diciembre de 2010, periodo marcado por el auge del grupo criminal Los Zetas y su alianza con el Cártel del Golfo, fracturada posteriormente en 2010.
El Tribunal de Disciplina Judicial explicó que la suspensión obedece a presuntas irregularidades en la resolución del amparo emitido el 23 de diciembre de 2025, al considerar que se tomaron decisiones contrarias a las constancias procesales.
Según el órgano disciplinario, las magistradas habrían suplido de manera indebida los argumentos jurídicos del promovente del amparo, lo que habría derivado en una resolución favorable al exmandatario.
El proceso disciplinario se inició tras una queja presentada por un agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Unidad de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República.
La inconformidad surgió luego de que el tribunal federal concediera el amparo a Hernández Flores, quien llegó a la gubernatura bajo las siglas del PRI y actualmente mantiene militancia en el Partido Verde Ecologista de México.
El Tribunal de Disciplina recordó que en marzo de 2018 la Secretaría de Relaciones Exteriores autorizó la extradición del exgobernador, solicitado por el gobierno de Estados Unidos por presuntos delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
En un primer momento, un juez federal negó el amparo promovido por Hernández Flores contra la extradición; sin embargo, la defensa del exmandatario impugnó esa determinación ante instancias judiciales federales.
Durante el proceso, la defensa solicitó al Órgano de Administración Judicial que el entonces magistrado presidente del tribunal colegiado se excusara de participar en la votación del caso.
Esta solicitud derivó en que el magistrado se declarara impedido para intervenir en el expediente, lo que modificó la integración del tribunal encargado de resolver el recurso.
De acuerdo con el fallo disciplinario, el expediente del amparo permaneció prácticamente sin avances durante siete años, hasta que a inicios de diciembre de 2025 el asunto fue reactivado.
El TDJ sostuvo que las magistradas incluyeron el caso en una sesión de manera repentina, presuntamente sin respetar plazos procesales ni notificaciones obligatorias que debían hacerse a la Fiscalía General de la República.
En esa misma sesión, sin que el expediente estuviera listado previamente, resolvieron el incidente de recusación y excusa, y posteriormente dictaron sentencia modificando el fallo emitido por el juez federal.
Con esa determinación, las magistradas otorgaron el amparo al exgobernador y dejaron sin efecto el proceso de extradición, al argumentar que la cancillería mexicana no consideró la opinión jurídica emitida por un juez.
No obstante, el Tribunal de Disciplina Judicial consideró que la extradición es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo, al tratarse de un acto vinculado con las relaciones internacionales y la soberanía del Estado mexicano.
El martes, personal enviado desde la Ciudad de México acudió a la sede del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Noveno Circuito, en Ciudad Victoria, para notificar formalmente la resolución disciplinaria.
Tras recibir la notificación oficial, ambas magistradas fueron acompañadas por personal administrativo y de seguridad para abandonar las instalaciones del tribunal, ubicado sobre el bulevar Praxedis Balboa, en la capital tamaulipeca.
