Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Poder Judicial de Tamaulipas analiza la posibilidad de que el ex magistrado Edgar “N” enfrente su proceso penal mediante videollamadas, con el objetivo de garantizar seguridad y continuidad judicial.
La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Gisela Contreras López, afirmó que el caso se desarrollará con estricto apego a derecho, sin privilegios ni excepciones, como cualquier proceso penal.
Explicó que el uso de herramientas tecnológicas permitirá desahogar audiencias a distancia, independientemente del lugar donde se encuentre el imputado, priorizando condiciones de seguridad y acceso a la justicia.
Detalló que el expediente está radicado inicialmente en Nuevo Laredo, aunque no se descarta un eventual traslado a Ciudad Victoria, dependiendo de criterios logísticos o de protección.
La magistrada subrayó que el Poder Judicial cuenta con infraestructura tecnológica en distintos centros, lo que permite garantizar el desarrollo de juicios incluso bajo esquemas remotos o híbridos.
Añadió que estas medidas también responden a resoluciones judiciales que obligan a mantener al imputado en determinadas condiciones, sin afectar el avance del proceso.
Contreras López enfatizó que la prioridad institucional es garantizar un proceso sólido, respetando derechos tanto de las víctimas como del acusado, evitando errores que puedan invalidar el juicio.
Advirtió que acelerar procedimientos sin respetar las formalidades legales puede provocar que las resoluciones sean revocadas años después, generando mayor afectación a las víctimas.
Explicó que existen antecedentes de casos anulados tras varios años por fallas procesales, lo que implica reiniciar juicios y revictimizar a quienes ya atravesaron el proceso judicial.
Por ello, insistió en que el debido proceso no es una opción, sino una obligación, incluso frente a la presión social por obtener justicia inmediata.
Finalmente, sostuvo que el objetivo es construir un expediente sólido que permita una resolución firme y definitiva, garantizando que, de existir responsabilidad, se sancione conforme a la ley.
