Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El norte del país se consolida como el epicentro de la crisis hídrica: más del 70 por ciento de sus municipios enfrentan sequía en niveles severos a excepcionales.
El panorama nacional es crítico. Al menos 13.7 por ciento de las cuencas registra disponibilidad mínima, evidenciando un deterioro sostenido en el acceso al agua, particularmente en regiones fronterizas.
Datos de la ENIGH 2024 revelan que 32.5 millones de hogares cuentan con suministro público, pero más de seis millones carecen de conexión formal, lo que amplía la brecha social.
Este rezago coloca a una parte significativa de la población en condiciones de vulnerabilidad, donde el acceso al agua depende de esquemas alternos, muchas veces precarios e irregulares.
Organismos como Greenpeace y FANMex advierten que el norte enfrenta el mayor estrés hídrico del país, con acuíferos sobreexplotados, sequías recurrentes y conflictos por la distribución del recurso.
A ello se suma una década de rezago en inversión hidráulica, que ha provocado pérdidas de hasta el 50 por ciento del agua por fugas en sistemas obsoletos.
En este escenario, Tamaulipas se ubica como una de las entidades más vulnerables, debido a su alta dependencia del Río Bravo y la limitada eficiencia en su infraestructura hídrica.
La CONAGUA reconoce que más del 70 por ciento de los acuíferos en México están sobreexplotados, siendo la región norte la más afectada por esta presión creciente.
En la entidad, la escasez ya se refleja en problemas de abastecimiento en ciudades como Victoria, además de tensiones en el uso agrícola y urbano del agua.
FANMex advierte que la crisis dejó de ser estacional para convertirse en estructural, lo que anticipa conflictos por el agua en los próximos años si no se toman medidas de fondo.
El Índice de Estrés Hídrico confirma este escenario: estados del norte presentan niveles superiores a su capacidad de recarga, lo que compromete su sostenibilidad productiva.
Ante este panorama, el desafío no solo es atender la escasez, sino transitar hacia un modelo de gestión integral que garantice el derecho al agua y evite un colapso futuro.
