Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Los diputados en Tamaulipas dieron entrada una iniciativa que busca tipificar como “faltas administrativas graves” el acoso y hostigamiento sexual dentro del servicio público, endureciendo sanciones contra servidores que incurran en estas conductas.
La propuesta, presentada en tribuna por la diputada Elvia Eguía Castillo, plantea cerrar vacíos legales que hoy permiten que estos actos no sean sancionados con la severidad que exige el sistema de responsabilidades administrativas.
En la exposición de motivos, se advierte que el servicio público debe garantizar entornos laborales basados en la legalidad, el respeto y la dignidad humana, principios que actualmente se ven vulnerados en diversas instituciones.
El documento subraya que el acoso y hostigamiento sexual no solo afectan la integridad física y emocional de las víctimas, sino que también deterioran la confianza institucional y generan ambientes laborales hostiles.
Reconoció que si bien estas conductas ya están contempladas en el Código Penal y en la legislación estatal contra la violencia hacia las mujeres, “la iniciativa señala un vacío en materia administrativa que impide sancionarlas con mayor rigor”.
Por ello, la reforma propone modificar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado bajo cuatro ejes: prevención, tipificación, investigación y sanción de estas conductas dentro del servicio público.
Entre los cambios, se establece que los servidores públicos deberán abstenerse de incurrir en cualquier forma de violencia laboral, incluyendo el acoso y hostigamiento sexual, promoviendo espacios de trabajo dignos.
Asimismo, se plantea incorporar estos actos como faltas administrativas graves, lo que permitirá que sean investigados bajo un régimen más estricto y con consecuencias legales más severas.
La iniciativa también contempla que las autoridades actúen con perspectiva de género y debida diligencia, incluso facultándolas para iniciar investigaciones de oficio ante indicios de estas conductas.
En cuanto a sanciones, se propone aplicar medidas que pueden llegar hasta la destitución del cargo y la inhabilitación para ejercer funciones públicas, dependiendo de la gravedad del caso.
