Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Congreso de Tamaulipas endureció la ley frente al fraude inmobiliario en plataformas digitales, al tipificar esta conducta con penas de hasta 12 años de prisión.
La reforma al artículo 418 del Código Penal establece sanciones para quienes utilicen redes sociales, sitios web o aplicaciones móviles para ofrecer propiedades inexistentes o sin respaldo legal.
El cambio legal responde al aumento de estos delitos, que han encontrado en los entornos digitales un espacio propicio para engañar a ciudadanos mediante anuncios falsos y operaciones sin verificación jurídica.
A nivel nacional, durante el primer trimestre de 2025 se documentaron 836 casos de fraude inmobiliario digital, lo que representa un incremento del 39 por ciento respecto al cierre de 2024.
Estas prácticas generan pérdidas cercanas a los 600 millones de pesos anuales, afectando principalmente a personas que buscan rentar inmuebles a través de plataformas electrónicas.
Con la modificación, el fraude inmobiliario digital se integra formalmente al catálogo de delitos, con sanciones que van desde seis meses hasta 12 años de prisión, según el daño económico causado.
El decreto amplía el alcance de la ley al incluir cualquier medio tecnológico, desde redes sociales hasta aplicaciones móviles, con el objetivo de cubrir todas las modalidades digitales del delito.
Entre los esquemas más recurrentes destacan la solicitud de anticipos por propiedades inexistentes, el uso de identidades falsas y la presión para concretar pagos sin comprobación legal.
El Congreso advirtió que el avance tecnológico ha facilitado nuevas formas de fraude, especialmente en el sector inmobiliario, donde los usuarios quedan vulnerables ante la falta de certeza jurídica.
La reforma también responde al crecimiento de los ciberdelitos, planteando la necesidad de actualizar el marco legal para proteger el patrimonio de quienes realizan operaciones en línea.
El dictamen fue respaldado por la Fiscalía General de Justicia del Estado y el Poder Judicial, que coincidieron en la urgencia de fortalecer la legislación ante estos nuevos delitos.
Con esta medida, se busca reforzar la seguridad jurídica en el mercado inmobiliario digital y generar mayor confianza en las transacciones realizadas a través de internet.
