Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La diputada Eva Araceli Reyes González, presentó una iniciativa para cerrar vacíos legales en el registro de defunciones y evitar que su omisión se use para frenar trámites legales.
La propuesta plantea reformar el artículo 111 y adicionar los artículos 111 Bis y 111 Ter al Código Civil, con el objetivo de obligar a familiares y personas con interés jurídico a registrar oportunamente los fallecimientos.
De acuerdo a la iniciativa, el eje central es evitar que la falta deliberada del acta de defunción sea utilizada como mecanismo para retrasar juicios sucesorios, trámites agrarios, acceso a seguridad social o la disposición legal de bienes.
La legisladora subrayó que las actas del Registro Civil no son un trámite administrativo más, sino instrumentos de orden público que garantizan certeza jurídica sobre el estado civil y los derechos patrimoniales.
Advirtió que en Tamaulipas se han detectado casos donde familiares o personas cercanas omiten registrar una defunción de manera intencional, generando un “vacío legal” que deja en indefensión a terceros.
Esta omisión, explicó, paraliza procesos legales, impide ejecutar testamentos, bloquea derechos y puede derivar en conflictos familiares o incluso en la apropiación indebida de bienes.
La iniciativa establece un catálogo claro de personas obligadas a realizar el registro dentro de las primeras 24 horas, incluyendo cónyuge, concubina o concubinario, descendientes, ascendientes y otros parientes cercanos.
También incorpora a cualquier persona con interés jurídico, eliminando ambigüedades que hoy permiten retrasar el trámite pese a existir conocimiento pleno del fallecimiento.
Con la adición del artículo 111 Bis, se define que promover el acta implica presentar certificado médico, comparecer ante el Registro Civil y proporcionar los datos necesarios para identificar al fallecido.
En tanto, el artículo 111 Ter introduce sanciones para quien omita de forma dolosa este procedimiento, estableciendo multas de entre 10 y 50 UMAs cuando exista intención de obtener un beneficio indebido o causar daño.
Además, se prevé que la autoridad dé vista al Ministerio Público cuando detecte posibles conductas delictivas, sin convertir al Registro Civil en instancia investigadora, pero sí en un filtro institucional.
Reyes González destacó que la reforma fortalece la seguridad jurídica, reduce incentivos para ocultar defunciones y agiliza procesos legales que impactan directamente en las familias y el patrimonio.
Afirmó que la iniciativa busca garantizar certeza, legalidad y acceso efectivo a la justicia, evitando abusos y consolidando la confianza en las instituciones del Estado.
