Ciertamente, hay un sector de los medios que suele ir más allá de la libertad de expresión, haciendo del ataque personal un modus vivendi y, en consecuencia, un modus operandi. Problema añejo.
A escala global, entre los mecanismos que medianamente han funcionado, destaca el diseño de un marco jurídico para que la víctima de calumnia (y daño moral) cuente con los mecanismos legales adecuados para defenderse. Lo cual ya existe en la legislación mexicana.
Es la ruta democrática, liberal. Que ante un particular que abusa, haya otro particular en pleno derecho de demandar, si se siente afectado. El Estado, pues, conserva su carácter neutral y puede iniciar un procedimiento, atendiendo a las dos partes, sin convertirse en censor.
Y sin invocar acción persecutoria alguna. Amén de que ahora existen mecanismos alternativos para la solución de controversias, como la mediación, donde las partes en conflicto dirimen sus asuntos de manera pacífica y en bien del acuerdo mutuo.
En el extremo opuesto afloran propuestas inspiradas en el tutelaje estatal, donde se pretende que el gobierno se arrogue la función de supervisar, regular y controlar la emisión de contenidos bajo el pretexto de la ética y el mejor ejercicio profesional.
Por este camino iría la reciente iniciativa de CYNTHIA LIZABETH JAIME, diputada local de mayoría por el distrito 19 con cabecera en Madero, cuando pretende implantar un mecanismo regulador al que llamaría “Colegio de Periodistas”. Entidad con personalidad jurídica y autonomía técnica, donde “los propios periodistas” definirían “reglas y códigos de ética”, en aras de “combatir la desinformación y recuperar la credibilidad.”
MÁS TROPEZONES
A lo cual añade una declaración peregrina que incurre en la más supina ignorancia: “Hoy cualquiera con un teléfono se dice periodista.” Ora pues, la dama parece ignorar que la libertad de expresión no es, ni puede ser, exclusiva de los comunicadores. Es derecho de todos los mexicanos.
En efecto, señora diputada, preste atención, lea, reflexione, piense tantito y permítame decirle que cualquier persona con teléfono, cámara, grabadora o libreta está en plena libertad de tomar nota de lo que suceda en su entorno, para los fines (lícitos) que mejor le convengan.
No tiene que ser periodista, ni requiere cédula, ni título, ni pasar por la supervisión de un Colegio. Ni pedirle permiso a usted. La regla de oro es que no hay juez más legítimo que el lector (radioescucha, televidente, internauta).
Olvida también que cuando nacieron las redes sociales como LinkedIn (2003), Facebook (2006), Twitter (2006) o Instagram (2010), la cualidad principal subrayada por sus creadores fue que abría espacios al microblogging. Es decir, notas cortas de hechura ciudadana y difusión inmediata.
Sin microblogging sería impensable el triunfo de BARACK OBAMA en 2010 y también la primavera árabe (2010-2011), cuyas jornadas de inconformidad ciudadana cimbraron países (y tumbaron gobiernos) en Túnez, Egipto, Libia, Yemen, Siria, Marruecos y Argelia.
DIAGNÓSTICO FALLIDO
Pero el proyecto de CYNTHIA no para ahí. Propone un censo oficial de periodistas con el propósito de “dar orden al sector”. Razón para pedirle ahora que nos diga de frente lo que sugiere entre líneas.
¿Dar orden?, dijo… O sea que ¿no hay orden?… Señora, ¿podría ser tan amable de prender la camarita en la red social de su preferencia y explicar al auditorio: ¿a qué falta de orden se refiere, qué síntomas ha detectado, en base a qué mecanismo de observación?
Igual pretende que el presunto Colegio analice contenidos y vigile la conducta de los reporteros. Y propone establecer la práctica de un “extrañamiento público”. Regaño institucional que (según aclara) “no tendría efectos legales”, pero sí buscaría (de manera explícita) impactar en su imagen pública, su credibilidad.
A ver, ¿no ha pensado usted, diputada, que tan solo por este detalle, quien emita tal condena podría ser demandado por el efecto comercial adverso que dicho extrañamiento tendría entre su clientela?
Hay jurisprudencia al respecto. Y además, ¿cómo puede hablar de “autorregulación”, si el mecanismo supervisor habría sido creado desde el Estado? Por supuesto, jamás sería equiparable a las asociaciones gremiales de abogados o médicos; estas sí, independientes y muy ciudadanas.
DAÑO COLATERAL
O dígame, si desde alguna oficina tuviera que decidirse lo que está bien o mal en cada reporte informativo, ¿quién sería el guapo (o la guapa) que nos vendría a dar clases de objetividad, rigor, calidad o decoro?
Dice preocuparse por la credibilidad del medio. Perdón, esto no es asunto suyo; es un tema de mercado, pues afecta al lugar que cada quien ocupa entre la opinión pública.
Nomás imagine en qué problema está metiendo al gobernador, hoy que la trinchera opositora toma nota de dicho proyecto y aprovecha el viaje para endosarle el reclamo en la prensa nacional, cuando es público y notorio que el doctor nada tiene que ver con sus enjuagues, señora.
Y bueno, ¿qué pasaría si la cantante BELINDA decide entablar una demanda contra usted, por afirmar en la red #X (https://x.gd/R0JmD) que la artista tiene “corazón de condominio”, de lo cual podría deducirse un probable efecto reputacional?… Mal y de malas.
Columnas anteriores:
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