Ciudad Victoria, Tamaulipas.-El Congreso local analiza una reforma que endurece el delito de despojo al sancionar no solo la invasión de inmuebles, sino también cualquier acción que impida ejercer el derecho legítimo de propiedad.
La iniciativa de la diputada Magaly Deandar Robinson plantea modificar el artículo 427 del Código Penal para incluir como delito impedir materialmente el disfrute del inmueble, aun sin ocupación física total.
Con este ajuste, la propuesta reconoce que el despojo también se configura mediante actos que bloquean o anulan el uso del bien, cerrando vacíos legales que permitían evadir sanciones.
La reforma busca ampliar la protección jurídica al patrimonio, al considerar como conducta delictiva cualquier obstaculización que afecte el ejercicio real de los derechos del propietario o poseedor.
Además, la iniciativa contempla una modificación profunda al artículo 431, al ampliar el catálogo de agravantes que endurecen las penas en casos de despojo con condiciones específicas.
Entre las nuevas agravantes se incluyen conductas cometidas contra familiares, personas de confianza o mediante el aprovechamiento de la ausencia del legítimo propietario, así como el uso de engaño.
También se incorporan supuestos en los que las víctimas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, como adultos mayores, menores de edad, mujeres embarazadas o personas con discapacidad.
La propuesta sanciona con mayor severidad el uso de documentos falsos, suplantación de identidad o la manipulación de actos jurídicos ante instancias registrales para aparentar legalidad en el despojo.
Destaca la inclusión de responsabilidades para servidores públicos, notarios o personal vinculado, cuando participen de forma dolosa en operaciones que faciliten la pérdida ilegal de un inmueble.
Asimismo, se establece como agravante la obtención de lucro mediante el despojo, así como el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias para consumar estas conductas.
La iniciativa responde al crecimiento de esquemas organizados de despojo que operan aprovechando vacíos legales y la vulnerabilidad de las víctimas, particularmente en contextos de desigualdad social.
Con estas modificaciones, se busca fortalecer el marco penal, cerrar espacios a la impunidad y garantizar que ninguna conducta que afecte el patrimonio quede sin sanción por falta de previsión legal.
