Ciudad Victoria, Tamaulipas.— Tamaulipas se ubica entre las entidades con mayor incidencia de robo de combustible, al registrar 493 tomas clandestinas en poco más de un año, según una propuesta legislativa.
La iniciativa, presentada por el PAN y turnada a comisiones, advierte que la red de ductos convierte al estado en un punto estratégico para la operación de grupos dedicados al huachicol.
El documento expone que esta actividad ilícita se concentra en regiones del sur, centro y norte, donde convergen rutas clave para el transporte de hidrocarburos.
Municipios como Altamira, González y Llera acumulan más del 60 por ciento de las perforaciones ilegales, lo que evidencia una operación territorial organizada y focalizada.
A esta lista se suman ciudades como Victoria, Reynosa, Hidalgo, Casas y Villagrán, que también presentan altos niveles de incidencia en este delito.
La propuesta advierte que el robo de combustibles se ha convertido en una actividad altamente lucrativa, con consecuencias económicas y riesgos para la seguridad de la población.
Pese a ello, la respuesta institucional no ha crecido al mismo ritmo, pues durante 2025 se reportaron únicamente 349 denuncias relacionadas con este ilícito.
En los primeros meses de 2026, el número de carpetas de investigación abiertas apenas alcanza las 60, reflejando una brecha entre el delito y su persecución.
En total, se contabilizan 409 denuncias en 14 meses, una cifra inferior frente a la magnitud del fenómeno detectado en la entidad.
Datos adicionales señalan que en 2024 la Fiscalía General de la República inició 204 investigaciones por huachicol en Tamaulipas.
Ante este escenario, la iniciativa plantea la creación de un sistema estatal de detección que incorpore drones y análisis de datos en tiempo real.
El objetivo es reforzar la vigilancia en zonas críticas y generar inteligencia para anticipar y frenar nuevas perforaciones clandestinas.
Asimismo, se propone establecer un área especializada, fortalecer la coordinación con autoridades federales y aplicar investigaciones patrimoniales para debilitar las finanzas de las redes criminales.
