Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los trabajadores en materia de seguridad que tengan acceso ilícito a Sistemas y Equipos de Informática, en las áreas de seguridad, podrían alcanzar una pena de 6 a 12 años de prisión.
En la iniciativa que propone el diputado Humberto Prieto Herrera, establece la incorporación de este delito, bajo el artículo 207 Septies para establecer que:
“Al que estando autorizado para acceder a sistemas, equipos o medios de almacenamiento informáticos en materia de seguridad pública, indebidamente obtenga, copie, utilice, revele o transfiera información cuyo uso comprometa la seguridad de las instituciones, operativos o la integridad de las personas, se le impondrá una pena de cuatro a ocho años de prisión y multa de cuatrocientas a ochocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.
Sin embargo, prevé sanciones más severas cuando el responsable sea o haya sido servidor público, aumentando la pena hasta en una mitad, lo que implicaría de seis a doce años de cárcel.
En estos casos, también se contempla la destitución e inhabilitación del cargo por un periodo equivalente a la condena, cerrando la posibilidad de reincorporarse al servicio público.
Prieto Herrera, establece que el planteamiento incorpora el delito en el Código Penal estatal para sancionar el uso indebido de información que comprometa operativos, instituciones o la integridad de personas vinculadas a tareas de seguridad.
Además, la iniciativa advierte que la información en materia de seguridad pública es altamente sensible, al incluir datos de víctimas, estrategias operativas, inteligencia y ubicación de elementos policiales en activo.
Se subraya que el uso indebido de estos datos puede facilitar delitos como extorsión, secuestro o delincuencia organizada, además de poner en riesgo la vida de servidores públicos y ciudadanos.
Prieto Herrera enfatiza que el problema no solo radica en el acceso ilegal, sino en el abuso de confianza de quienes, con autorización, utilizan la información con fines distintos a los permitidos.
Por ello, la propuesta establece que este delito será perseguido de oficio, eliminando la necesidad de denuncia y permitiendo la intervención inmediata de las autoridades para evitar impunidad.
El legislador sostiene que los delitos informáticos ya no son un asunto individual, sino una amenaza colectiva que exige respuestas más firmes del Estado para proteger la seguridad institucional.
Con esta reforma, se busca cerrar vacíos legales, fortalecer el marco penal y garantizar que el manejo de información en seguridad pública no sea utilizado como herramienta para delinquir.
