Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas reaccionó a la amenaza que hizo el Alcalde Miguel Almaraz Maldona para llegar a la Corte con su recurso y pidió al Congreso local, mantener bajo control estatal los servicios de la Comapa en Río Bravo, al advertir que transferirlos al municipio pondría en riesgo a la población.
Envía una iniciativa extensa para argumentar porqué el Estado debe conservar la Comapa y asegura que el Ayuntamiento no tiene capacidad para sostenerla
Se hace una cronología de los hechos y de las adversidades económicas y las obras que se requieren para que funcione este organismo, algo que Almaraz rechazó y que amenazói con recurrir a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación para frenar el abuso del Estado.
Aunque el Ayuntamiento solicitó formalmente la transferencia, el Ejecutivo expone que la petición se reconsideró hasta el 14 de enero de 2026, cuando fueron entregadas las actas certificadas de Cabildo.
A partir de esa fecha comenzó a correr el plazo constitucional de 90 días para resolver si el servicio debía transferirse o permanecer bajo administración estatal, con vencimiento fijado para el 14 de abril de 2026.
Como parte del expediente, se expone, el Estado incorporó un informe gerencial fechado el 23 de marzo de 2026, con el que busca acreditar la viabilidad técnica, financiera y operativa actual del organismo operador.
La administración estatal argumenta que recibió la Comapa en condiciones críticas, con infraestructura deteriorada, pasivos acumulados y deficiencias en la calidad del agua, pero asegura haber revertido ese escenario con inversión y saneamiento financiero.
Entre las acciones destacadas aparece la rehabilitación integral de la planta potabilizadora, que requirió una inversión de 7 millones 910 mil 194 pesos con recursos propios de la Comapa.
En materia de drenaje, el Gobierno señala que fueron rehabilitados 1,219 metros lineales de red en distintas colonias, con una inversión de 4 millones 446 mil 878 pesos, también financiada con recursos del organismo.
A ello se suma la reparación de colectores colapsados y rezagos históricos, entre ellos un foco de aguas negras frente a un preescolar en la colonia Conquistadores, atendido con 996 mil 883 pesos.
También invierte en la rehabilitación de 1,805 metros adicionales de alcantarillado, mediante una inversión de 7 millones 863 mil 917.80 pesos, en beneficio de 15 mil habitantes.
En Nuevo Progreso, el expediente reporta la rehabilitación de un tinaco y la adquisición de una bomba sumergible fuera de servicio durante una década, con una inversión de 612 mil 437 pesos para restituir el abasto a 14 mil habitantes.
Según el ejecutivo, se rehabilita el tren lagunar de la planta tratadora de aguas residuales por 4 millones 111 mil 258 pesos, así como nuevas obras estatales en cárcamos y pretratamiento.
La iniciativa advierte que parte de la infraestructura tenía 30 años de vida útil y estaba construida con tubería de asbesto, por lo que inició su sustitución por PVC con una inversión de 1 millón 100 mil pesos.
En el terreno financiero, la administración estatal asegura que recibió un organismo prácticamente quebrado, con apenas 150 mil pesos en cuentas y deudas millonarias que comprometían la operación.
El expediente enumera un adeudo con la CFE por 5 millones 606 mil 25 pesos, pasivos con fondos de ahorro de empleados por 4 millones 214 mil 873 pesos y un débito fiscal con el SAT por 13 millones 192 mil 554 pesos.
A ello se agregan pasivos con la Conagua superiores a 80 millones de pesos, además de compromisos con jubilados, a quienes, según el Ejecutivo, se les restituyó el pago regular por 21 millones 762 mil 353 pesos.
El Gobierno presume que, pese a ese escenario, mantuvo el servicio sin interrupciones, saneó parte de los pasivos y siguió invirtiendo en infraestructura, lo que, a su juicio, demuestra capacidad real de operación.
En el frente financiero, el Ejecutivo advierte que el presupuesto municipal 2026 revela una fuerte dependencia de transferencias federales, que representan 83.8 por ciento de sus ingresos, mientras solo 16.2 por ciento corresponde a recursos propios.
De acuerdo con el documento, el municipio dispone de 100 millones 95 mil 600 pesos de ingresos propios, frente a 515 millones 980 mil 679 pesos provenientes de participaciones, aportaciones, convenios e incentivos federales.
El Estado sostiene que ninguna partida del Presupuesto de Egresos 2026 del Ayuntamiento contempla recursos para operar la Comapa, cubrir nómina, absorber pasivos, garantizar insumos de potabilización o financiar la transición.
Incluso recuerda que el municipio arrastra adeudos de ejercicios anteriores y que el Congreso ya intervino para revisar su manejo financiero, incluida la ejecución de recursos relacionados con la Feria Río Bravo 2025.
Además, el Ejecutivo menciona que el Congreso exhortó al Ayuntamiento a pagar adeudos superiores a 3 millones de pesos con la propia Comapa, lo que, en su interpretación, exhibe incapacidad para cumplir obligaciones elementales.
Ese dato es usado para sostener que la intención municipal no responde al interés público, sino a una conveniencia patrimonial, al pretender asumir el organismo sin antes liquidar obligaciones pendientes con él.
El documento subraya que el municipio no previó recursos para enfrentar pasivos laborales, compromisos colectivos ni eventuales litigios, lo que podría desembocar en paros, huelgas o interrupciones del servicio.
También cuestiona la capacidad administrativa del Ayuntamiento para recibir una estructura de esta magnitud, operar su cartera de usuarios, sostener sistemas de cobro y dirigir áreas técnicas y comerciales sin poner en riesgo el suministro.
Para el Gobierno estatal, autorizar la transferencia en estas condiciones abriría la puerta a cortes de agua, deterioro en la calidad del líquido, colapso del drenaje, crisis financiera del organismo y una regresión en el derecho humano al agua.
Por ello, el Ejecutivo pidió al Congreso resolver que el Estado conserve la prestación del servicio en Río Bravo, al considerar acreditado que la municipalización afectaría a 132 mil 484 habitantes.
Incluso solicitó que, de considerarlo necesario, la Auditoría Superior del Estado realice una revisión integral de la capacidad financiera, patrimonial e institucional del Ayuntamiento antes de tomar una decisión definitiva.
La iniciativa remata con una advertencia política y jurídica: “entregar la Comapa sin sustento técnico podría derivar en una controversia constitucional y, sobre todo, en un golpe directo a la población que depende del servicio”.
