En Ciudad Victoria se encendieron las alertas, pero no por falta de energía, sino por la forma en que presuntos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad están interviniendo medidores sin autorización de los usuarios.
En distintos sectores de la capital, vecinos han documentado revisiones irregulares, cambios de medidores y maniobras técnicas realizadas sin previo aviso ni consentimiento, generando inquietud y una reacción inmediata de organización ciudadana.
La operación se ha vuelto tan recurrente que colonias completas han optado por alertarse en grupos de WhatsApp, grabar videos y dejar constancia de lo que consideran un procedimiento opaco y potencialmente abusivo.
El patrón es similar: personal que se identifica como trabajador de la CFE llega, abre el medidor, realiza ajustes técnicos sin explicación clara y se retira, dejando más dudas que certezas.
Lo grave no es solo la forma, sino el contexto. Durante años, la manipulación de medidores fue un negocio tolerado desde dentro de la propia estructura, donde algunos empleados negociaban reducciones ilegales de consumo a cambio de pagos periódicos.
Ese esquema de corrupción no es nuevo. Lo conocieron autoridades federales, lo combatieron con operativos de la FGR y la Guardia Nacional, y en muchos casos derivó en multas, acuerdos o procesos judiciales.
Hoy, el temor ciudadano es otro: que esas revisiones irregulares sean el punto de partida para imputar responsabilidades a usuarios, acusarlos de alteraciones y abrir la puerta a sanciones económicas severas.
Porque en un escenario donde la autoridad entra sin permiso, manipula equipos y no deja constancia transparente, la línea entre supervisión técnica y posible abuso institucional se vuelve peligrosamente delgada.
La preocupación crece cuando no existe información clara, protocolos visibles ni acompañamiento institucional que brinde certeza jurídica a las familias que hoy se sienten vulnerables ante estas acciones.
Más aún, cuando el historial de prácticas irregulares dentro de la propia CFE alimenta la sospecha de que estas intervenciones podrían derivar en cobros indebidos o presiones económicas disfrazadas de regularización.
La dirección nacional de la CFE, encabezada por Emilia Esther Calleja Alor, tiene frente a sí una prueba crítica: garantizar que cualquier revisión sea legal, transparente y con pleno respeto a los derechos de los usuarios.
Porque si lo que ocurre en Ciudad Victoria se confirma como una estrategia sin controles claros, no estaríamos frente a un operativo técnico, sino ante un mecanismo que podría derivar en abusos sistemáticos.
Y eso, en una empresa pública, no solo es inadmisible: es un foco rojo que exige explicación inmediata.
La ciudadanía ya está documentando. Ahora le toca a la CFE responder.
