Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Congreso de Tamaulipas puso bajo revisión el negocio de grúas y corralones, tras las constantes denuncias por cobros excesivos y retenciones consideradas arbitrarias contra automovilistas y transportistas.
La diputada de Morena Elvia Eguía Castillo presentó un punto de acuerdo para exigir a los 43 ayuntamientos transparentar tarifas, procedimientos y criterios aplicados en el arrastre y resguardo vehicular.
La propuesta busca obligar a las direcciones municipales de Tránsito a publicar tabuladores oficiales, evitar discrecionalidad y garantizar que cualquier aseguramiento de unidades esté plenamente fundamentado conforme a la ley.
El exhorto legislativo surge en medio del creciente malestar de operadores de carga y ciudadanos que denuncian cobros inflados, uso abusivo de concesiones y procedimientos poco claros en diferentes municipios del estado.
Uno de los principales señalamientos apunta al manejo discrecional de grúas particulares vinculadas a concesiones municipales, donde usuarios aseguran enfrentar pagos desproporcionados para recuperar sus vehículos.
La legisladora advirtió que estas prácticas afectan directamente al sector transportista, considerado pieza estratégica para la economía fronteriza y la actividad logística de Tamaulipas.
Ciudades como Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros concentran una intensa movilización de mercancías relacionadas con comercio exterior, por lo que cualquier abuso administrativo repercute en costos operativos y competitividad regional.
El Congreso también pretende construir un diagnóstico estatal para detectar vacíos legales, diferencias regulatorias y posibles irregularidades en reglamentos municipales relacionados con tránsito, arrastre y depósitos vehiculares.
La iniciativa contempla además revisar modelos tecnológicos aplicados en otras entidades, como Nuevo León, donde los usuarios pueden consultar multas y realizar pagos digitales para reducir discrecionalidad y corrupción administrativa.
De avanzar el punto de acuerdo, los ayuntamientos deberán informar al Poder Legislativo sobre las acciones implementadas para transparentar tarifas, supervisar concesionarios y evitar abusos en corralones y servicios de grúas.
