Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La nueva iniciativa impulsada por la diputada Cynthia Lizabeth Jaime Castillo encendió alertas entre sectores políticos y periodísticos, al considerarse que, abre la puerta a un “cerco legal” contra medios digitales y voces críticas.
Aunque la propuesta se presenta oficialmente como una reforma para fortalecer el delito de acecho, el fondo del planteamiento genera preocupación por el alcance que tendría sobre publicaciones y contenidos difundidos en plataformas digitales.
La legisladora morenista busca ampliar las conductas sancionables mediante el uso de tecnologías, redes sociales y medios electrónicos, incorporando figuras relacionadas con vigilancia, seguimiento y hostigamiento virtual.
Sin embargo, el endurecimiento legal ocurre en medio de antecedentes polémicos impulsados desde el propio Congreso local, donde ya se había planteado exhibir públicamente a reporteros y medios críticos mediante mecanismos institucionales de “extrañamiento” y poder actuar penalmente en contra de periodistas.
La combinación de ambas iniciativas comenzó a interpretarse como un intento de construir herramientas legales para inhibir señalamientos incómodos contra actores políticos bajo argumentos relacionados con violencia digital o persecución mediática.
Diversos sectores advierten que el riesgo radica en que conductas ya contempladas en el Código Penal podrían ser reinterpretadas ahora bajo figuras ambiguas vinculadas a publicaciones realizadas en páginas digitales y redes sociales.
La iniciativa propone sancionar actos reiterados que generen afectaciones emocionales, persecución o vigilancia mediante herramientas tecnológicas, además de ampliar agravantes relacionadas con daños psicológicos y monitoreo digital.
No obstante, críticos consideran que la redacción podría derivar en interpretaciones discrecionales contra periodistas, activistas, generadores de contenido o ciudadanos que documenten, cuestionen o exhiban actuaciones de servidores públicos.
La propuesta también elimina límites claros entre el legítimo ejercicio de la libertad de expresión y conductas que pudieran considerarse intimidatorias, especialmente cuando las críticas se dirijan hacia figuras políticas o funcionarios públicos.
Desde el Congreso local ya comienzan a surgir voces que advierten sobre posibles excesos legislativos, al considerar que la reforma podría convertirse en un instrumento de presión política disfrazado de protección digital.
El proyecto fue turnado a comisiones para su análisis, en medio de un debate que anticipa confrontaciones entre defensores de derechos digitales, periodistas y legisladores sobre los alcances reales de la iniciativa.
