Los expertos en transparencia sostienen que Tamaulipas atraviesa uno de los momentos más delicados —y quizás más auténticos— para poner a prueba el combate a la corrupción desde las propias estructuras del poder.
Hoy existe algo que antes no ocurría: una alineación política prácticamente total entre Presidencia, Gobierno estatal, municipios, organismos autónomos y buena parte de los entes públicos descentralizados. La mayoría bajo el mismo signo partidista.
Ese escenario elimina pretextos y también las viejas excusas de persecución política. Porque si el discurso de la transformación y la honestidad administrativa va en serio, entonces las auditorías tendrán que llegar hasta las últimas consecuencias.
Además, el terreno legal comenzó a endurecerse. Existen nuevas reformas locales, ajustes normativos en los municipios y una modificación federal que fortalece de forma inédita las facultades de la Auditoría Superior de la Federación.
Pero mientras las reformas toman forma, hay algo que ya comenzó a moverse silenciosamente dentro de Tamaulipas: las Contralorías municipales empezaron a actuar sin pedir permiso político.
En Tampico, por ejemplo, la Contraloría ya abrió expedientes y empezó a citar a ex funcionarios ligados al manejo financiero, obras públicas y servicios municipales durante la administración de Jesús Nader.
Las observaciones no son menores. Varias de ellas coinciden con señalamientos previamente detectados tanto por la Auditoría Superior del Estado como por la propia Auditoría Superior de la Federación.
Y ahí está uno de los puntos más incómodos para el ex alcalde panista: las cuentas públicas de 2023 y 2024 siguen arrastrando observaciones federales que aún no logran solventarse completamente.
Quizá por eso en Tampico ya no se habla solamente de revisión administrativa, sino de responsabilidades que podrían crecer conforme avance la fiscalización federal.
En Matamoros el escenario se volvió todavía más explosivo. Las declaraciones de Mario López “La Borrega” terminaron provocando exactamente lo contrario de lo que buscaba políticamente.
Lejos de intimidar al actual gobierno municipal, abrieron las puertas para que la Contraloría comenzara a revisar con absoluta libertad el manejo financiero heredado por la pasada administración.
Hoy existen observaciones que superan los 400 millones de pesos y los requerimientos comenzaron a alcanzar a ex tesoreros, ex síndicos y ex responsables de obra pública.
Las sospechas incluyen inconsistencias presupuestales, contratos observados y obras que simplemente no aparecen concluidas o que, de plano, nunca fueron ejecutadas.
Y mientras “La Borrega” lanza acusaciones políticas, también carga con el peso de cuentas públicas rechazadas en los ejercicios fiscales 2023 y 2024 por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
El golpe político no es menor. Sobre todo porque en Morena muchos consideran que el ex alcalde de Matamoros abrió un frente innecesario justo cuando el movimiento intenta blindarse rumbo al 2027.
Pero donde el ambiente comenzó a tensarse verdaderamente es en Ciudad Madero.
Ex funcionarios cercanos a Adrián Oseguera empezaron a promover amparos federales para evitar comparecer ante procedimientos de sustanciación abiertos por la Contraloría municipal.
Es decir, ni siquiera quieren llegar a escuchar qué observaciones existen en su contra.
El movimiento revela nerviosismo político y jurídico. Porque detrás de esos recursos legales existe el temor de que las investigaciones administrativas escalen hacia escenarios más delicados.
Adrián Oseguera también arrastra observaciones federales y cuentas bajo revisión derivadas del manejo de recursos públicos durante su administración municipal.
Pero el problema para el diputado federal del PT no termina ahí. En Madero ya se habla abiertamente de su intención de regresar por la alcaldía en 2027 para enfrentar políticamente a Erasmo González Robledo.
“El Capitán” no esconde sus aspiraciones. Quiere consolidar el control político de Ciudad Madero y desde ahí proyectarse hacia la sucesión estatal.
Por eso las auditorías dejaron de ser simples expedientes técnicos. Hoy son armas de control político, herramientas de negociación y eventualmente mecanismos de supervivencia electoral.
Y justo en medio de este escenario aparece la nueva reforma federal que fortalece a la Auditoría Superior de la Federación.
Aunque el decreto aún no se publica oficialmente en el Diario Oficial de la Federación, el plazo constitucional para un eventual veto presidencial ya venció. Su entrada en vigor parece inevitable.
La reforma no es menor. Crea un Registro Nacional de Información sobre Recursos Federales donde los entes públicos deberán transparentar el ejercicio presupuestal prácticamente en tiempo real.
También endurece sanciones por ocultamiento de información y fortalece las investigaciones de oficio o derivadas de denuncias ciudadanas, las cuales podrán activarse en cualquier momento.
Pero quizá el punto más delicado está en otro lado: la ASF podrá abrir espacios públicos en municipios y estados para recibir denuncias directas sobre obras inconclusas, recursos desviados o irregularidades administrativas.
Eso significa que cualquier ciudadano podrá aportar información capaz de reactivar auditorías o abrir nuevas investigaciones contra gobiernos actuales o anteriores.
Y si las denuncias se sostienen técnicamente, alcaldes y ex alcaldes podrían enfrentar escenarios políticos y jurídicos mucho más complejos de lo que hoy imaginan.
Por eso los especialistas en fiscalización insisten en que éste es el momento más importante para consolidar una verdadera política de transparencia.
Sobre todo cuando Morena, por gobernar la mayoría de estados y municipios del país, enfrenta crecientes señalamientos relacionados con corrupción, opacidad e incluso presuntos vínculos criminales.
Aunque la realidad también alcanza al PAN, PRI, MC, Verde y PT. Porque las auditorías no entienden de colores partidistas cuando los números empiezan a romper discursos.
